En el contexto del creciente conflicto judicial entre las plataformas de entrega de comida, Glovo se encuentra en el centro de una controversia que ha captado la atención de la opinión pública. El director general de Just Eat en España, Íñigo Barea, ha revelado en el Juzgado Mercantil de Barcelona que la empresa ha presionado a restaurantes para que despidan a sus repartidores tradicionales y adopten un modelo de autónomos basado en las operaciones de Glovo.

La reclamación de Just Eat, que se presenta como una demanda por competencia desleal, asciende a 295 millones de euros, basada en la acusación de que Glovo opera con 'riders' contratados de manera fraudulenta como autónomos. Según Barea, esta estrategia perjudica gravemente a su empresa, que ha optado por subcontractar su servicio de entrega a través de Takeaway Express, así como a través de auditorías de compañías externas para garantizar el cumplimiento de la normativa laboral.

Barea también argumentó que, en el pasado, Glovo llevó a cabo una agresiva campaña comunicacional advirtiendo a los restaurantes que su modelo de "marketplace" estaba por cerrarse, obligándoles a aceptar sus términos o arriesgarse a perder su servicio. Esta presión ha llevado a muchos negocios a optar por los repartidores de Glovo, que ofrecen tarifas notablemente más bajas.

El impacto de esta estrategia se traduce, según Barea, en una reducción muy significativa de los márgenes operativos de Just Eat, dado que el modelo de empleados conlleva costos adicionales que los autónomos no tienen. La dificultad de mantener un equipo de empleados, que incluye gastos como la Seguridad Social y compensación durante tiempos inactivos, contrasta claramente con la flexibilidad que ofrece la contratación de autónomos, una táctica que Glovo ha utilizado con éxito para expandir su dominio en el sector.

Estas condiciones han permitido a Glovo mantenerse competitiva al ofrecer precios más bajos, lo que no solo erosiona la rentabilidad de Just Eat, sino que también podría comprometer su capacidad para negociar contratos exclusivos con cadenas de restaurantes, a diferencia de lo que Glovo ya ha conseguido con ciertas marcas populares.

En medio de este intenso panorama competitivo, Barea ha expresado que cualquier forma de exclusividad se vuelve un “costo inasumible” para Just Eat porque se vería obligada a incurrir en gastos que podrían alcanzar varios millones de euros. Además, ha subrayado que las grandes marcas prefieren asociarse con plataformas que garanticen una cobertura completa, dejando a Just Eat en desventaja.

Por otro lado, los repartidores, conocidos como 'riders', han compartido personal experiencias de trabajo bajo este nuevo esquema. Uno de ellos, que trabajó para Glovo en Málaga, declaró que realizaba jornadas de 10 a 12 horas, percibiendo entre 60 y 70 euros diarios. Este trabajador tuvo que registrarse como autónomo y seguir condiciones que le resultaban inalterables, señalando que era Glovo quien gestionaba sus pagos y facturas.

En una línea similar, una 'rider' de Madrid mencionó que su situación era comparable, siendo sus ingresos también alrededor de 60 euros tras largas jornadas laborales y el uso de su moto personal. A pesar de realizar esfuerzos para cumplir con los retos propuestos por Glovo, ella no logró obtener premios adicionales por sus entregas.

Con la vista oral en curso, se espera que este miércoles los representantes de Glovo ofrezcan su versión de los hechos en lo que se ha convertido en un caso de gran relevancia para el futuro de la industria de entrega de alimentos en España.