En un fallo reciente, un tribunal federal de Estados Unidos ha decidido que la administración del presidente Donald Trump no podrá anular el estatus de protección temporal (TPS) que beneficia a alrededor de 350,000 venezolanos. Esta medida fue implementada por su antecesor, Joe Biden, pero fue revocada a principios de febrero.

El juez del distrito, Edward Chen, ha determinado que las renovaciones del TPS, que fueron concedidas bajo la administración anterior en 2023, deben seguir vigentes por el momento.

La decisión se deriva de una demanda presentada por varios migrantes venezolanos protegidos por el TPS, quienes argumentan que la revocación de este estatus infringe la Ley de Procedimientos Administrativos. Esta ley establece que las agencias federales deben seguir protocolos específicos al realizar modificaciones en políticas públicas.

Los demandantes también sostuvieron que la decisión de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, estaba influenciada por prejuicios raciales y políticos, según reporta la cadena CNN.

El juez Chen respaldó este argumento en un documento extenso de 78 páginas, en el que afirmaba que Noem había hecho "generalizaciones negativas" sobre los beneficiarios del TPS venezolano. Añadió que basar decisiones en estereotipos negativos es un claro ejemplo de racismo.

Designado por el expresidente Barack Obama, el juez cuestionó las afirmaciones del gobierno estadounidense que justificaban la eliminación de protecciones por la presencia del grupo criminal venezolano conocido como Tren de Aragua. Argumentó que la administración no presentó evidencia suficiente que vinculara a los beneficiarios del TPS con la actividad delictiva de esta banda.

Chen enfatizó que "no hay pruebas" que demuestren que los titulares del TPS venezolano sean parte del Tren de Aragua o estén involucrados en actividades criminales, incluso resaltando que sus tasas de criminalidad son inferior a las de la población general.

Este debate legal ocurre en un contexto más amplio, donde el expresidente Biden firmó una orden ejecutiva en enero de 2024, extendiendo el TPS para los venezolanos por un año y medio más, hasta octubre de 2026. Esta medida no solo previene deportaciones inminentes, sino que también facilita el trabajo legal de estos migrantes en Estados Unidos.

El fallo se produce en un momento en que se están llevando a cabo deportaciones de migrantes venezolanos hacia una cárcel de alta seguridad en El Salvador, construida bajo la administración del presidente Nayib Bukele. Este lunes, 17 supuestos miembros del Tren de Aragua y de la Mara Salvatrucha (MS-13) fueron trasladados a esta prisión, mientras que la administración Trump aún enfrenta acciones legales relacionadas con la expulsión de más de 200 venezolanos este mismo mes.