La comunidad judicial de España se ha movilizado en una jornada de paro simbólico, en la que se estima que alrededor del 70% de jueces y fiscales en activo han participado, según informan las asociaciones no progresistas del sector.

Las organizaciones responsables de esta convocatoria están considerando llevar a cabo una huelga en respuesta a dos reformas planteadas por el Gobierno, que buscan modificar el acceso a la carrera judicial y la estructura de la Fiscalía. Esta posible acción de protesta dependerá del apoyo mayoritario que puedan obtener de sus miembros.

En un comunicado oficial, han expresado su preocupación por las reformas legislativas que, a su juicio, amenazan principios fundamentales del Estado de Derecho, como la autonomía de la judicatura y la independencia del Ministerio Fiscal. Las protestas se han llevado a cabo frente a las sedes judiciales, donde los participantes han expuesto sus reclamos.

Ante el éxito de esta jornada de paro, las asociaciones han acordado iniciar un proceso de consulta con sus bases para evaluar la viabilidad y el respaldo a la convocatoria de una huelga más formal en el ámbito judicial y fiscal.

Las agrupaciones han manifestado que, de confirmar este apoyo mayoritario, se procederá a la convocatoria de una huelga, considerándola una respuesta responsable ante unas reformas legislativas que, según ellos, comprometen seriamente la independencia judicial y la separación de poderes.

En este marco, se ha constituido un Comité de Huelga que agrupará representantes de las diversas asociaciones convocantes para gestionar el proceso y coordinar las próximas acciones a seguir.

Este comité contará con miembros destacados como Alejandro González Mariscal de Gante de la Asociación Profesional de la Magistratura, Óscar López Bermejo de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Esteban Basalo Moreno del Foro Judicial Independiente, Esther Moreno Amaya de la Asociación de Fiscales y Santiago Sánchez López de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.

La decisión de considerar la huelga nace del firme convencimiento de las asociaciones respecto a la necesidad de responder a las reformas que amenazan las bases del sistema judicial, siempre dentro del ámbito legal y respetando los mecanismos democráticos.

A pesar de las dificultades en cuantificar el alcance exacto de la movilización, se estima que el seguimiento ha sido significativo, indicando un notable descontento ante unas reformas que buscan ser impuestas de manera urgente y sin el diálogo necesario.

Finalmente, las agrupaciones han manifestado su agradecimiento por el apoyo recibido en el paro, que ha abarcado desde las grandes ciudades hasta los pequeños partidos judiciales. Esta respuesta, han afirmado, evidencia la determinación del colectivo por una Justicia que sea verdaderamente independiente y que responda a las necesidades de la ciudadanía.