La recentísima consulta realizada por la asociación Juezas y Jueces para la Democracia revela que la mayoría de sus miembros no apoyarán la huelga convocada por otras agrupaciones del ámbito judicial y fiscal. El portavoz, Edmundo Rodríguez Achútegui, comunicó que un notable 76% de los asociados se opone a unirse a esta huelga, a la que se han sumado diversos colectivos en respuesta a las nuevas reformas impulsadas por el Gobierno en el acceso a las carreras judicial y fiscal.

Según Rodríguez Achútegui, las razones presentadas para justificar la paralización de actividades carecen de fundamento. El proyecto de ley, como explicó, no socava el Estado de Derecho ni compromete la independencia del poder judicial, tal como afirmó el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

El portavoz manifestó su respeto por quienes decidan adherirse a la huelga, pero subrayó que el plan legislativo tiene tanto características positivas como puntos que requieren mejoras. No obstante, reafirmó que no representa una amenaza para el orden jurídico ni compromete la autonomía judicial.

En el análisis más detallado que llevó a cabo, Rodríguez Achútegui admitió que el proyecto contiene aspectos criticables, especialmente en lo que respecta a la estabilización de jueces y fiscales sustitutos. Sugirió que se debe excluir a los juristas que no cumplen con los criterios necesarios, ya que el objetivo es solucionar el problema del abuso de la temporalidad.

Adicionalmente, considera que es fundamental incrementar el tiempo de antigüedad requerido para participar en el sistema y promover la incorporación de profesionales a través del cuarto turno, asegurando un riguroso proceso de selección que respete los derechos de los jueces existentes.

A pesar de las críticas, Rodríguez Achútegui afirmó que tales aspectos no cuestionan el Estado de Derecho ni la independencia del poder judicial. Insistió en que si bien es válido debatir sobre modificaciones a la normativa, no puede sostenerse que el proyecto legislativo genere los peligros que algunos sostienen.

El portavoz destacó también la importancia de ciertos elementos propuesta en el proyecto, como la intención de garantizar igualdad de oportunidades para quienes opositan a los cuerpos de judicatura o fiscalía, facilitando becas que ayuden a las familias con menos recursos a sobrepasar obstáculos económicos.

Otro de los puntos valorados fue la inclusión de la grabación de los exámenes orales y la reinstauración de una prueba práctica que se había eliminado, la cual es fundamental para la especialización en áreas como contenciosa, laboral o mercantil, algo común en toda Europa y que se mantiene en altos niveles de la administración pública.

Rodríguez Achútegui subrayó que el proyecto también incluye medidas que democratizan el sistema judicial, como el voto telemático y la inclusión de representantes de la sociedad civil en la Comisión de Ética Judicial. Además, se siente optimista de que se mejorará el proceso de selección en el cuarto turno, se eliminarán traslados forzosos innecesarios y se pondrá fin a ciertas fases en la formación judicial.

Concluyó manifestando que aunque el proyecto contiene elementos tanto razonables como criticables, en su conjunto no representa un riesgo para el Estado de Derecho ni para la independencia judicial, lo que fundamenta su decisión de no participar en la huelga convocada.