MADRID, 13 de mayo. El exlíder de la organización terrorista ETA, Aitzol Iriondo, conocido como 'Gurbitz', ha decidido no declarar ante el magistrado de la Audiencia Nacional que investiga el atentado perpetrado por la banda en Legutiano, en el que falleció el sargento Juan Manuel Piñuel y resultaron heridas 27 personas el 14 de mayo de 2008.

De acuerdo con fuentes legales que han hablado con Europa Press, Iriondo nuevamente ha optado por el silencio, tal como hizo el año pasado frente al mismo juez que investiga la implicación de los altos mandos de ETA en el atentado de la terminal T4 del aeropuerto de Madrid-Barajas.

Es importante recordar que, en relación con el ataque en Legutiano, la Audiencia Nacional ya ha condenado a tres miembros de la organización: Arkaitz Goicoetxea, responsable del 'comando Vizcaya', y los etarras Aitor Cotano e Iñigo Gutiérrez. En 2011, el Tribunal Supremo ratificó una pena de 515 años de prisión para Goicoetxea, pero absolvió a los otros dos.

En su fallo, el alto tribunal subrayó que las pruebas en contra de Cotano y Gutiérrez se basaban en sus declaraciones iniciales que no fueron confirmadas posteriormente en sede judicial y en el testimonio de Goicoetxea, sin que existieran evidencias adicionales que las respaldaran.

Las fuentes indican que la Audiencia Nacional optó por suspender el avance del caso contra Jurdan Martitegi, exjefe militar de ETA y procesado en 2009, hasta que se resuelva la situación de Iriondo. Es probable que, tras la citación de Iriondo en este proceso, ambos acusados sean juzgados juntos.

El juez, en su resolución al procesar a los etarras, detalló que la furgoneta-bomba utilizada en el atentado fue entregada en Francia por Eneko Zarrabeitia a los mencionados Cotano y Gutiérrez, quienes la trasladaron a España bajo la protección de un vehículo auxiliar. Una vez en territorio español, Martitegi asumió el control del vehículo y lo llevó a la casa cuartel, acompañado por Goicoetxea, encargado de la conducción para la escapatoria.

Según las palabras del juez, en el momento del ataque, la casa cuartel albergaba a un total de 27 personas, de las cuales 15 eran guardias civiles, seis adultos familiares y seis menores. La explosión no solo cobró la vida del sargento Piñuel, sino que también dejó a al menos cinco agentes heridos y provocó el colapso de la fachada del edificio.