El Ministerio de Transformación Digital y Función Pública se prepara para un encuentro significativo este miércoles con los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, con el objetivo de reiniciar las negociaciones colectivas tras las protestas de funcionarios ocurridas la semana pasada en toda España. Ante la posibilidad de una huelga general en diciembre, las organizaciones sindicales están presionando para que sus demandas sean escuchadas.

A las 11:00 horas, la Secretaría de Estado de la Función Pública liderará la Mesa de Diálogo, donde se espera que los sindicatos presenten al Gobierno sus peticiones para una revisión salarial que beneficie a los 3.5 millones de empleados públicos. Esta reunión es vista como una oportunidad para que el Ejecutivo tome en cuenta las demandas económicas de los trabajadores del sector público.

Aunque el Gobierno ha accedido a retomar las negociaciones, los sindicatos CCOO, UGT y CSIF han reiterado su compromiso con la movilización, dejando claro que, si no se alcanza un acuerdo satisfactorio sobre la mejora salarial, no dudarán en convocar una huelga general para el próximo mes de diciembre.

Desde CCOO, se ha señalado que la presión ejercida por los sindicatos ya ha logrado algunos avances, aunque la lucha por salarios justos y servicios públicos de calidad seguirá. Este mensaje se transmitió en un comunicado emitido tras la decisión del Gobierno de abrir la puerta a nuevas conversaciones.

Por su parte, CSIF ha solicitado que la reunión inicie con una propuesta económica concreta, mientras que UGT ha afirmado que la responsabilidad de proponer una subida salarial recae sobre el Ministerio que dirige Óscar López.

Las expectativas de los sindicatos para esta mesa de diálogo incluyen asegurar aumentos salariales para el año 2025 y trabajar hacia la recuperación del poder adquisitivo mediante un nuevo acuerdo plurianual en los ámbitos salarial y de empleo.

Específicamente, CSIF demanda un incremento ajustado a la inflación, además de un porcentaje adicional previamente acordado con los sindicatos para que los salarios sean actualizados anualmente, similar a como se indexan las pensiones. Tanto UGT como CCOO han expresado su apoyo a una subida salarial que supere el aumento real del IPC, buscando así recuperar un poder adquisitivo que se ha visto mermado.

Las tres organizaciones se han manifestado en contra de utilizar la falta de Presupuestos Generales como justificación para no realizar aumentos salariales. Critican que, a pesar de los mensajes optimistas sobre el crecimiento económico, los empleados públicos siguen con sus sueldos congelados. Según CSIF, el Gobierno ya debe aproximadamente 2.000 millones de euros en salarios a funcionarios este año.

En el precedente acuerdo salarial, vigente entre 2022 y 2024, se acordó un incremento tanto fijo como variable que permitió aumentar los sueldos de los funcionarios en aproximadamente un 10%. Este acuerdo se firmó en un contexto de alta inflación, lo que implicó un coste para el Gobierno cercano a los 13.000 millones de euros durante su vigencia.

Además de las demandas salariales, los sindicatos han enfatizado la importancia de abordar otros temas críticos, como el levantamiento de la tasa de reposición, asegurando que las convocatorias de empleo público respondan a las verdaderas necesidades de la Administración, así como mejorar las condiciones para la jubilación anticipada y la implantación de una jornada laboral de 35 horas.