En Madrid, el 26 de noviembre, se han producido novedades significativas en el conocido caso Koldo, que investiga una supuesta trama de corrupción relacionada con contratos públicos. Javier Serrano y María Piedad Losada, quienes están siendo investigados en este asunto, comparecieron ante el juez este martes y negaron haber tenido conocimiento sobre la corrupción ni haber recibido comisiones de ningún tipo. Además, se desligaron de los contratos públicos de compra de mascarillas que están bajo investigación.

Según fuentes legales presentes durante las declaraciones, Ignacio García Tapia, el tercer investigado mencionado para esta jornada y miembro del grupo de Whatsapp apodado 'los cuatro mosqueteros', optó por ejercer su derecho a no declarar. Sin embargo, Losada y Serrano sí proporcionaron su testimonio, aunque únicamente a preguntas de sus defensores. En su declaración, Losada, quien se desempeñó como secretaria de De Aldama, relató que conoció a este en el período de 2013 a 2014 y describió su relación como estrictamente laboral, señalando que su trabajo se limitaba a la administración y gestión de tareas, afirmando: "Hacía lo que me pedían."

La investigada también afirmó que no tenía control sobre las agendas de los socios de la empresa, incluida la de De Aldama, y que jamás tuvo acceso a cuentas bancarias ni a tarjetas asociadas a la empresa. Además, Losada subrayó que sólo percibió su salario y que nunca recibió comisiones adicionales por su trabajo, ni tenía conocimiento sobre insertos de negocios en Portugal o acceso a dispositivos relacionados con ellos. A su vez, mencionó que su empleador, la empresa Global Stratos, dejó de remunerarle desde enero de 2024, lo que le llevó a presentar una demanda por incumplimiento de contrato.

Por su parte, Javier Serrano también se pronunció, afirmando que no guardaba relación con los contratos de adquisición de mascarillas, negando rotundamente haber ofrecido o recibido dinero de De Aldama. Además, enfatizó que nunca le fue entregado efectivo con la instrucción de distribuirlo entre otros.

Las inquietantes revelaciones sobre este caso no cesan. Un informe del fiscal, al que tuvo acceso Europa Press, revela que los investigados, entre ellos Díaz Tapia, Escolano Marín, Moreno García, Serrano Costumero y Losada Romo, podrían haber estado involucrados en un posible delito de blanqueo de capitales, con conexiones directas con Víctor de Aldama. El documento menciona, además, la posibilidad de que estos individuos enfrentaran cargos por pertenencia a una organización criminal, así como el delito de cohecho por sus supuestos pagos a otros implicados en funciones públicas.

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de febrero sostiene que De Aldama y otros tres implicados, que se autodenominaban “los 4 mosqueteros” en un grupo de Whatsapp, podrían haber pagado 10.000 euros en efectivo a Koldo García, el exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos. Este informe incluía transcripciones de las conversaciones previas a su detención, donde se revelaban vínculos significativos entre los investigados y Koldo, sugiriendo que facilitaron la 'despatrimonialización' de los fondos de De Aldama en España.

Un intercambio particularmente revelador en la conversación virtual aludía a Koldo como “K”. En uno de los mensajes, Díaz Tapia indicaba a un interlocutor que se dirigiera a una cafetería con la instrucción de comunicarse con Koldo. Para los investigadores, esta referencia implicaba un elemento crucial para avanzar en el caso, ya que las pruebas obtenidas del móvil de Moreno apuntaban a posibles transacciones monetarias con el exasesor de Ábalos.

A medida que la investigación avanza, se identificaron más conversaciones que podrían evidenciar pagos por parte de los investigados. En un mensaje del grupo, se discutía sobre “tickets” que podrían estar relacionados con transferencias de dinero, aludiendo directamente a Joséba, el hermano de Koldo, también bajo la lupa judicial. Posteriormente, los fiscales encontraron interacciones que indicaban un posible arreglo desde instancias del ministerio, elevando la sospecha sobre la implicación de representantes del gobierno en la trama.

Dichos intercambios continuaron con tono festivo y arrogante entre los implicados, una actitud que sugiere una falta de preocupación ante la legalidad de sus acciones. Las pruebas reveladas incluso mostraron conversaciones entre Serrano y Moreno donde intercambiaban comentarios sobre conexiones y aprobaciones ministeriales, insinuando un ambiente de complicidad.

Después de la declaración anterior de De Aldama, que afirmó haber pagado sobornos tanto a Ábalos como a su exasesor, las implicaciones en este caso se vuelven alarmantes. Este escándalo ha llevado al Tribunal Supremo a considerar la apertura de juicio contra Ábalos por su posible vinculación con este entramado que busca obtener beneficios económicos a través de contratos públicos en un contexto de crisis sanitaria.

Las declaraciones y audiencias continuarán en la próxima semana, específicamente el 2 y 3 de diciembre, con la declaración de hasta ocho agentes de la Guardia Civil que desempeñan un papel crucial en esta compleja investigación. Uno de esos agentes, el coronel Francisco José Vázquez, quien otorga condecoraciones en reconocimiento a la colaboración, se encuentra en el epicentro de esta inquietante trama que expone la corrupción en sistemas públicos y la falta de ética en la administración pública.