En Madrid, el 30 de enero, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popular, Alma Ezcurra, ha expresado hoy su firme rechazo a la reciente iniciativa del Gobierno de Pedro Sánchez sobre la regularización de inmigrantes. Según Ezcurra, esta medida se toma por motivos de "clientelismo político" y advierte que muchos de los inmigrantes que se beneficiarán de esta regularización podrán votar en las elecciones municipales en apenas dos años.

Durante una entrevista concedida a Radio Nacional, Ezcurra destacó que su partido no ha alterado su postura para acercarse a Vox. En 2024, el PP apoyó la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular por considerarla un asunto democrático, pero demandó diversas enmiendas como la necesidad de un contrato de trabajo, carecer de antecedentes penales y demostrar una integración real en la sociedad española.

La vicesecretaria del PP reafirmó que la postura del partido se mantiene inalterada y rechazó ciertas declaraciones erróneas sobre la situación migratoria. Afirmó que su partido comprende la difícil situación de las 840.000 personas que actualmente se encuentran en España sin una situación regularizada, pero enfatizó la necesidad de atacar las raíces del problema en vez de cronificarlo.

Ezcurra también advirtió que la regularización tal y como está planteada se convierte en un "efecto llamada". Según su visión, se envía un mensaje a los inmigrantes de que pueden llegar a España sin seguir la ley, arriesgando sus vidas, y que al final conseguirán su estatus legal simplemente resistiendo en este país, una situación que califica de "inhumana".

La dirigente mencionó tres "pecados originales" en relación a la regularización: contraviene el pacto de inmigración y asilo, provocará un efecto de llamada y genera un desigual trato frente a quienes han llegado legalmente a España respetando la ley. Aseguró que es más fácil obtener acceso a la residencia en España si se infringe la ley que siguiendo los procedimientos adecuados.

En relación a las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo sobre el censo electoral, Ezcurra aclaró que el líder del PP mencionó las implicaciones de la Ley de nietos, que permite a millones de personas solicitar la nacionalidad española, mientras que expresó preocupaciones sobre la "regularización masiva" que pretende el Gobierno, que, según ella, facilitará a ciertas comunidades obtener el derecho a votar en elecciones locales de forma rápida.

Especificó que aquellos que provengan de Iberoamérica, Filipinas o Guinea Ecuatorial podrían optar a la nacionalidad en solo dos años, habilitándolos para participar en elecciones. Hizo hincapié en que, aunque no se anticipa un aumento inmediato en el censo electoral para las próximas elecciones municipales, este fenómeno tendrá un impacto significativo a medio plazo.

Según Ezcurra, la política de regularización debe alinearse con las leyes de la Unión Europea, aunque algunas voces en Bruselas afirmen que cada país puede gestionar sus propios asuntos migratorios. Para ella, la decisión del Gobierno español representa una violación del espíritu europeo, señalando que va en contra del Pacto Europeo de Migración y Asilo, afecta al Espacio Schengen y contradice los esfuerzos por eliminar las causas de la inmigración ilegal.

La vicesecretaria también mencionó que el Comisario de Interior de la UE ha propuesto iniciativas que chocan con el enfoque actual del Gobierno español, reafirmando que las políticas de regularización del Ejecutivo son opuestas a las estrategias europeas en materia de migración y asilo.

Por otro lado, Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, en una entrevista con Telecinco, confirmó que Alberto Núñez Feijóo se comunicará con sus pares en el Partido Popular Europeo este fin de semana en Zagreb para expresar sus objeciones al decreto de regularización y la falta de control en las fronteras españolas.

A pesar de que España, en calidad de frontera sur de Europa, debería asumir responsabilidades en las políticas migratorias comunes, Gamarra opinó que esta medida busca desviar la atención de otros problemas del Gobierno, como el incidente de Adamuz, y podría enmascarar debilidades parlamentarias.

Aunque Gamarra no especificó si el PP impugnará el decreto en los tribunales, señaló que esperarán a conocer el texto completo antes de proceder. No obstante, expresó que según la información actual, no sería posible verificar la ausencia de antecedentes penales de quienes soliciten regularizar su situación.

Por último, Gamarra subrayó que, aunque Bruselas considere que este asunto es de competencia nacional, es fundamental que España se adhiera a un marco común de política migratoria y asilo. Sostuvo que "no podemos pedir y al mismo tiempo actuar de manera contraria", agregando que la regularización en España tiene ramificaciones que afectan a toda Europa.

Concluyó afirmando que Feijóo llevará el compromiso del PP de ser un aliado responsable y serio en la creación de políticas migratorias mejores y más eficaces para permitir un acceso legal a España.