Feijóo culpa al Gobierno de abandonar la cultura de seguridad ferroviaria y emplaza su responsabilidad a las urnas del 29N

El líder del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, acusó este viernes al Ejecutivo de Pedro Sánchez de haber abandonado la «cultura de seguridad» en el sistema ferroviario. Según su valoración, los dos grandes accidentes registrados en menos de un año lo demuestran. Además, advirtió de que la responsabilidad política se decidirá en las urnas el próximo 29 de noviembre.

La declaración se produjo tras una reunión celebrada en la sede nacional del partido, en Madrid, con expertos en infraestructuras y servicios ferroviarios. Feijóo sostuvo que la gestión ha sido deficiente de forma continuada. Habló de una falta de conservación sin precedentes en la red y de una situación crítica del sistema, que, a su juicio, ya no es una sospecha, sino un diagnóstico confirmado.

El núcleo de su argumento es que han fallado todas las barreras de protección. Por ello, criticó que el Gobierno atribuya lo ocurrido a un operario, al que describió como un cortafuegos sin valor tras años de decisiones que considera inadecuadas. La idea de fondo es que la responsabilidad no puede recaer en la última persona de la cadena, sino en quienes diseñan y supervisan el sistema.

Desde el punto de vista institucional, Feijóo separó dos planos. La responsabilidad jurídica, según dijo, corresponde a los tribunales, mientras que la política debe dirimirse en el terreno electoral. Esta distinción es relevante porque sitúa el debate en el marco de la campaña y no en el de la investigación judicial, que sigue su curso por separado.

En el plano propositivo, el dirigente popular defendió que la seguridad debe acreditarse con hechos y no proclamarse. Anunció que, si llega a La Moncloa, incorporará a los puestos técnicos de Renfe y Adif a personas con rigor, experiencia y conocimiento, y reforzará la seguridad en el organigrama de ambas compañías. Son medidas de carácter organizativo que apuntan a la gobernanza interna de las empresas públicas.

El cruce de acusaciones se produce en un contexto de fuerte presión sobre la gestión ferroviaria y de cara a una cita electoral que marcará la orientación de la política de infraestructuras en los próximos años. Más allá de la confrontación partidista, el debate de fondo es cómo garantizar el mantenimiento de la red y la coherencia entre la responsabilidad técnica y la responsabilidad política.