El grupo de especialistas que asesora al Gobierno en materia de salario mínimo interprofesional (SMI) ha finalizado su labor encomendada por Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo. La propuesta contempla dos alternativas para el aumento del SMI de cara al 2026: una opción que excluye la tributación en el IRPF y otra que la incluye. Actualmente, el SMI se establece en 1.184 euros mensuales distribuidos en catorce pagos.

De acuerdo con información publicada por 'El País' y confirmada por fuentes vinculadas al comité, se sugiere un incremento de 37 euros mensuales para el próximo año, que elevaría el SMI a 1.221 euros al mes si se elige la modalidad sin tributación. Alternativamente, si se decide gravar el SMI en el IRPF, el aumento sería de 56 euros mensuales, alcanzando así un total de 1.240 euros mensuales.

Estas cifras representan un aumento porcentual del 3,1% en el primer escenario y del 4,7% en el segundo. Los expertos insisten en que estas modificaciones deben ser implementadas para garantizar que el SMI refleje al menos el 60% del salario medio, tal como estipula la Carta Social Europea.

La propuesta de este grupo de expertos se distancia notablemente de las recomendaciones presentadas por las organizaciones CCOO y UGT, así como de la postura de las patronales CEOE y Cepyme. Mientras los sindicatos proponen un aumento de 7,5%, llevando el SMI a 1.273 euros, las patronales abogan por un incremento más moderado del 1,5%, alcanzando los 1.202 euros.

A pesar de que las subidas del SMI han sido acordadas principalmente con los sindicatos, es evidente que existen diferencias notables en las expectativas de las partes interesadas. La última modificación del SMI se produjo en febrero, cuando se acordó un aumento del 4,4%, siendo esta una negociación exclusivamente entre el Gobierno y los sindicatos, sin aportes de los empresarios.

En referencia a la tributación del SMI, la vicepresidenta Díaz ha dejado claro que desea evitar el debate sobre este tema nuevamente, considerando que este año no se aplicará la tributación gracias a la introducción de una deducción en la declaración de la Renta que se ejecutará en 2026.

A medida que se plantea la llegada del año 2026, el Ministerio de Trabajo espera formalizar la propuesta de aumento del SMI. Aunque no está obligado a negociar, el Gobierno tiende a buscar consenso con los empleadores y sindicatos para llegar a un acuerdo sobre el incremento de esta renta mínima.

Los sindicatos continúan con su firme defensa de un aumento significativo, argumentando que un SMI más elevado beneficia no solo a los trabajadores, sino que también se alinea con las exigencias europeas de representación del 60% respecto al salario medio neto. Por su parte, las organizaciones empresariales insisten en que cualquier incremento debe ser moderado y estar en concordancia con otros incrementos salariales esperados en el ámbito público.

La controversia sobre el método de cálculo del SMI entre las distintas encuestas como la EPA y la EES se hace evidente, ya que los empresarios argumentan que utilizar datos de la EPA proporciona una representación más precisa del mercado laboral, especialmente en sectores que tradicionalmente no han sido considerados en otros análisis. De este modo, CEOE sostiene que cualquier revisión significativa del SMI no es necesaria si ya supera el umbral del 60% respecto al salario medio.

En resumen, las diferentes propuestas reflejan una tensión clara entre la necesidad de garantizar un salario digno y las preocupaciones de los empresarios frente a los costos asociados a un aumento del SMI. Se espera que las negociaciones continúen en un entorno marcado por el diálogo y la búsqueda de un equilibrio que satisfaga a todas las partes involucradas.