La Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) ha expresado su oposición a la reciente propuesta del partido Junts, en colaboración con el Gobierno español, que obligaría a las empresas con más de 250 empleados a ofrecer atención al cliente en catalán. Consideran que esta medida es un ataque directo a la libre empresa.

Junts ha dado a conocer que ha llegado a un acuerdo con la administración central para modificar la legislación de forma que los servicios de atención al cliente deban proporcionar la opción de comunicarse en catalán a quienes realicen compras en Cataluña, sin importar si la empresa tiene su sede en dicha comunidad autónoma.

Los empresarios madrileños han exigido al Gobierno que respete la libertad de operación de las empresas. Insisten en que en una economía basada en la libre competencia y en la igualdad de condiciones, las imposiciones como esta afectan negativamente la competitividad. También han dejado claro que introducir política en el ámbito empresarial es inaceptable, ya que cada empresario debe tener la autonomía necesaria para dirigir su negocio.

Desde CEIM se ha señalado que las compañías que interactúan con Cataluña, por lo general, ya ofrecen la opción de atención en catalán, a causa de su propia estrategia comercial, y no por imposiciones externas. Esto demuestra que la necesidad de esta regulación es cuestionable.

Los representantes empresariales han criticado la falta de diálogo con el sector afectado antes de implementar esta medida. Además, han advertido que las decisiones se están tomando en el ámbito político sin considerar las repercusiones en el sector privado.

A pesar de que la medida podría tener un respaldo nacionalista, han manifestado su desconcierto ante el hecho de que el Gobierno, que debería actuar en pro del interés general, decida interferir en la libertad empresarial para satisfacer a los nacionalistas y perpetuarse en el poder. Este acuerdo es visto como una maniobra política y no como una acción que beneficie realmente al conjunto de la sociedad.

En un momento en que las empresas enfrentan un aumento en la presión fiscal y en los costes, CEIM ha advertido de que esta nueva obligación llevará a las empresas de sectores clave a implementar servicios de atención en catalán, lo que generará un aumento de costes y posiblemente afectará su productividad, algo que preocupa poco al Ejecutivo.

Para concluir, han subrayado que en lugar de actuar en defensa del interés común, el Gobierno está cediendo a presiones políticas que culminan en mayores imposiciones burocráticas y mayores cargas económicas, lo que resulta intolerable.