El Gobierno de España ha expresado su firme rechazo a los recientes planes de expansión de asentamientos en Cisjordania, donde el Ejecutivo de Benjamin Netanyahu ha aprobado la creación de 22 nuevos enclaves. Este movimiento, calificado como un peligro inminente para la paz en la región, ha suscitado la profunda preocupación de las autoridades españolas, que también han denunciado la creciente violencia en la zona.

En un comunicado oficial, el Ministerio de Asuntos Exteriores español ha manifestado su fuerte desaprobación de estas adjudicaciones de tierras, señalando que los asentamientos son considerados ilegales bajo el marco del derecho internacional. En este sentido, subrayaron que estas acciones comprometen la posibilidad de establecer una solución de dos Estados, consolidando así su postura a favor de la paz en el conflicto israelí-palestino.

La postura del Gobierno se ha visto reforzada por la reciente escalada de la ofensiva militar israelí en Cisjordania, particularmente en áreas críticas como los campos de refugiados de Yenín, Tulkarem y Nurshams. Las autoridades españolas han puesto de relieve las consecuencias devastadoras de estos actos, que incluyen demoliciones, intensificación de la violencia por parte de colonos y el desplazamiento forzado de numerosos ciudadanos palestinos, lo que contradice claramente el Derecho Internacional Humanitario.

El Ejecutivo ha resaltado la necesidad de establecer un Estado palestino soberano que abarque tanto Gaza como Cisjordania, con Jerusalén Este como su capital. Este mensaje se alinea con el señalado en el primer aniversario del reconocimiento de Palestina, reafirmando la visión de un futuro pacífico en la región a través de una solución de dos Estados.

Además, durante una reunión con el primer ministro esloveno, Robert Golob, se reiteró la urgencia de esta solución, enfatizando que no existen alternativas viables y que la comunidad internacional debe aplicar el mismo nivel de atención y compromiso para Gaza que ha dedicado a la crisis en Ucrania desde la invasión rusa. La defensa de los derechos humanos en ambos contextos es una responsabilidad compartida por todos.