La comisión de legisladores que busca salvar la reforma migratoria en Francia ha logrado consensuar un borrador que ha convencido tanto a Los Republicanos, representantes de la derecha tradicional, como a los ultraderechistas de Agrupación Nacional, quienes han anunciado que apoyarán el nuevo texto.

Después de sufrir una derrota en la Asamblea Nacional hace una semana, los 14 legisladores que han estado negociando desde el lunes han llegado a un acuerdo sobre una serie de cambios en el proyecto que ahora deben someterse a votación en las dos cámaras del Parlamento francés.

La primera ministra, Elisabeth Borne, ha enfatizado que esta reforma es "necesaria", mientras que el ministro del Interior, Gérald Darmanin, considera que aunque no es perfecto, representa un avance para proteger a los franceses. Ambos esperan que se puedan llevar a cabo los trámites sin contratiempos.

Eric Ciotti, presidente de Los Republicanos, ha calificado este acuerdo como un verdadero punto de inflexión y ha destacado la influencia de su partido en las negociaciones. Además, ha prometido que los legisladores de su formación votarán a favor.

También se ha confirmado el voto a favor por parte de la presidenta del grupo de Agrupación Nacional en la Asamblea Nacional, Marine Le Pen, quien ha calificado este acuerdo como una victoria ideológica para su partido. Por otro lado, desde la izquierda han anunciado que presentarán mociones de rechazo con el objetivo de frenar la aprobación final.

Hay que recordar que una de esas mociones fue precisamente la que rechazó el texto en la Asamblea, aunque en un primer momento tanto Los Republicanos como Agrupación Nacional se habían opuesto al plan del Gobierno. Ahora, la principal preocupación para la coalición en torno a Macron es perder el apoyo de legisladores más centristas que puedan sentirse menos representados por el endurecimiento de ciertas políticas.

Uno de los puntos de tensión principales ha sido el tema de las ayudas sociales. Inicialmente, la derecha pedía un endurecimiento claro de las políticas actuales. Sin embargo, finalmente se ha acordado que este tipo de prestaciones, como las dirigidas a familias o temas de vivienda, estarán condicionadas a que los extranjeros hayan residido al menos cinco años en Francia, en lugar de seis meses como se permite actualmente. En caso de tener empleo, se reducen los plazos a entre tres y 30 meses, dependiendo del subsidio.

Además, el borrador incluye medidas para regularizar a los inmigrantes que puedan trabajar en sectores con escasez de mano de obra, pero estas están sujetas a la discrecionalidad de los prefectos. También se endurecen los requisitos para la reunificación familiar, se reintroduce el delito de estancia ilegal, se prohíbe el ingreso de menores en centros de reclusión administrativa y se retira la nacionalidad a aquellos que cometan delitos contra las fuerzas de seguridad.