En una reciente intervención, el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, dejó clara la postura del gobierno español respecto a la energía nuclear, afirmando que actualmente no existe ninguna negociación abierta para ampliar la vida útil de las centrales nucleares en el país.

Groizard, en una entrevista concedida a la Cadena COPE, resaltó la falta de interés de las operadoras nucleares en solicitar extensiones para sus instalaciones. Aseguró que no hay condiciones que el gobierno esté considerando para autorizar una prórroga, y añadió que las empresas involucradas parecen no tener intención de plantear una discusión al respecto.

Ante la pregunta sobre posibles conversaciones con las compañías propietarias sobre el futuro de las centrales nucleares, el secretario aclaró que, aunque se mantienen diálogos con el sector energético en general, lo sorprendente es que no ha surgido una nueva propuesta concreta sobre las nucleares.

Groizard recordó que el calendario actual, que prevé el cierre gradual de centrales entre 2027 y 2035, fue un acuerdo alcanzado entre las propias empresas del sector en 2019. En aquel entonces, se empezó a notar que la energía nuclear era menos competitiva en comparación con las energías renovables, lo que llevó a algunas empresas a contemplar su cierre anticipado.

El funcionario detalló que, en la actualidad, las operadoras mantienen que los números no son favorables para la energía nuclear, lo que ha llevado a que no hayan solicitado una prórroga en el calendario previamente establecido.

Groizard también mencionó que las empresas tienen demandas específicas, como la reducción de impuestos y que los costos de desmantelamiento y gestión de residuos radiactivos sean asumidos en parte por el Estado. Sin embargo, el gobierno ha respondido negativamente a estas solicitudes, afirmando que esos costos no se trasladarán a los ciudadanos ni a los consumidores.

El secretario de Estado subrayó que España está preparada para prescindir de la energía nuclear y se comprometió a seguir un plan energético ambicioso que prioriza las energías renovables, consideradas más competitivas y con costos más favorables, garantizando al mismo tiempo la seguridad en el suministro energético.

Además, Groizard destacó el enfoque gradual que se aplicará al cierre de plantas nucleares, afirmando que no se contempla un cierre abrupto. Reiteró que el proceso será escalonado y técnicamente viable.

En cuanto a la fiscalidad del sector nuclear, desmintió rumores de un aumento del 70% en impuestos, asegurando que las tasas actuales son equivalentes a las que estaban en vigor en 2019, aunque reconoció un ligero incremento en los costos de gestión de residuos radiactivos que corresponde a las empresas.

Finalmente, abordando el cierre de la central de Almaraz en 2027, Groizard aseguró que las decisiones en materia de seguridad nuclear dependerán del Consejo de Seguridad Nuclear, una entidad independiente que supervisa estas instalaciones desde hace años. También instó a las autoridades locales a comenzar a trabajar en un plan de transición justa para asegurar un futuro viable en la región y evitar situaciones como las ocurridas en otras localidades tras el cierre de plantas nucleares, como Garoña.