En el marco del Día Internacional de las Personas Migrantes, que se conmemora el 18 de diciembre, diversas ONG que realizan actividades en el ámbito de la migración han señalado las múltiples dificultades que enfrenta este colectivo en España, destacando la integración, la reagrupación familiar y el acceso a servicios de salud mental adecuados para los más jóvenes.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha puesto de manifiesto las “obstáculos legales, administrativos y económicos” que los refugiados deben sortear para poder ejercer su derecho a vivir en unidad familiar. La organización ha enfatizado que la reunificación familiar es un proceso extremadamente lento, que puede tomar años y que implica muchos desafíos prácticos, como los elevados costos de los billetes de viaje, que CEAR estima entre 500 y 2,000 euros.

Además, CEAR alerta sobre los “requisitos restrictivos” que limitan la reunificación familiar solo a ciertos familiares directos, como padres, hijos menores, cónyuges y personas que puedan demostrar dependencia y convivencia previa. Según la organización, esta normativa deja fuera a muchas personas que deberían tener la oportunidad de reunirse con sus seres queridos.

Un caso emblemático es el de Mahdia, una afgana que, tras tres años de espera, logró reunir a su hermana y a sus tres sobrinas en España con el apoyo de CEAR. “Todos los días buscaba información sobre los pasos a seguir. Ahora, por fin están a salvo: podrán asistir al colegio y vivir sin miedo. Antes vivían en una situación de depresión total, sin un futuro en Afganistán,” comenta con alivio.

La situación es aún más complicada para las familias palestinas de Gaza, cuyas integrantes suelen estar atrapadas en la región. Tahreer, una mujer que logró escapar con sus hijos para recibir atención médica urgentemente requerida, expresa con angustia: “No puedo imaginar un futuro sin mi esposo.”

Ante estas alarmantes realidades, CEAR ha hecho un llamado urgente para que las futuras reformas a la legislación española, las cuales tendrán lugar con la implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) en 2026, fortalezcan los derechos de la unidad familiar de los refugiados.

La organización sugiere que se amplíen las definiciones de familia para incluir a parientes cercanos como hermanos y hermanas, permitir la reagrupación de hijos mayores de 18 años y adultos dependientes, establecer un plazo máximo de tres meses para la tramitación de solicitudes de reagrupación y facilitar salvoconductos a quienes no pueden renovar sus pasaportes.

Como parte de sus esfuerzos, CEAR ha lanzado la campaña "El abrazo más esperado" para obtener el apoyo ciudadano y afrontar los altos costos involucrados en la reagrupación familiar. Hasta la fecha, han asesorado a 754 refugiados en estos trámites y han presentado 187 solicitudes, logrando que 65 personas se reúnan con sus familias a lo largo del año.

Por otro lado, Cruz Roja ha resaltado la importancia de reconocer las valiosas aportaciones que los migrantes realizan a la sociedad. La ONG se compromete a fomentar su "integración activa" desde un enfoque intercultural, subrayando que esta es una responsabilidad compartida entre quienes llegan y quienes ya están presentes.

Cruz Roja ha compartido historias inspiradoras de voluntarios como Óscar, un venezolano que contribuye a proyectos en La Rioja; Mostafa, un intérprete marroquí en el País Vasco; y Massuma, una afgana que llegó hace diez meses y ahora colabora en iniciativas para niños hospitalizados. Estos casos son solo una muestra entre más de 40,000 voluntarios de origen extranjero que están dando su tiempo y esfuerzo en beneficio de la comunidad española.

Su labor se centra en facilitar la integración de estas personas mediante asesoría jurídica, apoyo en la búsqueda de empleo, enseñanza del idioma y promoción de actividades recreativas. Hasta noviembre de 2025, Cruz Roja ha asistido a más de 150,000 migrantes en diversas iniciativas.

En cuanto al bienestar de los niños y adolescentes migrantes, la Plataforma de Infancia ha subrayado la necesidad de ofrecer "apoyos psicológicos continuos y culturalmente adecuados" para aquellos que han sido expuestos a situaciones de violencia y vulnerabilidad. La responsable de incidencia política, Almudena Escorial, hizo hincapié en que la atención a la salud mental es un derecho fundamental y una obligación de los Estados.

Un informe reciente destaca la vulnerabilidad particular de las niñas y adolescentes no acompañadas, quienes enfrentan riesgos adicionales como el matrimonio forzado y la explotación sexual. Escorial advirtió que el sistema actual presenta graves fallos en su capacidad para atender a estos jóvenes desde su llegada, enfrentando múltiples obstáculos que limitan su acceso a recursos psicosociales.

La Plataforma de Infancia denuncia que el sistema público de salud mental no está equipado para lidiar con la complejidad del trauma que enfrentan estos migrantes. “Lo que un niño o niña necesita tras un viaje marcado por la violencia no es un sistema que les dé la espalda. Requerimos estructuras estables y enfocadas en las particularidades culturales del sufrimiento,” concluyó Escorial.