El Gobierno español ha desmentido, en un comunicado emitido este miércoles, la existencia de "hacinamiento" en el Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) ubicado en Pozuelo de Alarcón, Madrid, afirmando que el centro opera actualmente con solo un 17% de su capacidad total.

Este pronunciamiento surge después de que el Ayuntamiento de Pozuelo alertara sobre un "riesgo cierto de hacinamiento" en dicho centro, una afirmación que ha sido refutada por fuentes de la Secretaría de Estado de Migraciones.

Las autoridades han aclarado que el CREADE no está diseñado para alojar a largo plazo a sus usuarios, ya que se trata de un centro de derivación. De acuerdo con sus datos, en la actualidad alberga a 70 personas, mayoritariamente familias ucranianas en situación de protección temporal y algunas mujeres afganas con sus hijos que buscan asilo.

Este centro fue inaugurado en marzo de 2022 como respuesta a la llegada masiva de ucranianos que escapaban de la guerra, y hasta hace poco, no había recibido críticas significativas desde el Ayuntamiento, que ahora plantea su cierre.

Desde la Secretaría de Estado de Migraciones se ha enfatizado la importancia del CREADE, subrayando que proporciona un servicio vital para familias en condiciones de vulnerabilidad, permitiéndoles comenzar su proceso de integración en España con todas las garantías necesarias.

El CREADE también ha sido señalado como un “centro de referencia” por su modelo de funcionamiento, el cual ha sido elogiado por organizaciones internacionales como la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), destacando su capacidad para registrar y ofrecer asistencia psicosocial a los refugiados en un breve periodo de tiempo.

La situación legal del centro continúa sin cambios desde su apertura y actualmente se espera la resolución del Juzgado sobre la solicitud de medidas cautelares. El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, presentó un recurso contencioso-administrativo en noviembre, buscando evitar el cierre ordenado por el Ayuntamiento de Pozuelo, que estableció un plazo de cuatro meses para relocalizar a los 400 residentes del centro.

El consistorio, liderado por Paloma Tejero del PP, sostiene que el edificio, originalmente cedido por el Ministerio de Seguridad Social a Migraciones, viola tanto la normativa municipal como estatal. Según el Ayuntamiento, el centro tiene licencia únicamente para 270 camas destinadas a hospedaje temporal y no para albergar indefinidamente a 564 solicitantes de asilo, como lo estipula el Ministerio en sus informes al tribunal.

Esta situación ha sido calificada como un “riesgo cierto de hacinamiento”, según los documentos presentados por el Ayuntamiento ante el Juzgado. Además, se ha indicado que la licencia vigente desde 2013 requería una autorización adicional para cualquier cambio en la actividad del edificio.

El plazo otorgado por el Ayuntamiento para que el Ministerio regularizara la situación de los residentes venció el pasado sábado, y durante ese tiempo, han denunciado que la administración dirigida por Elma Saiz no ha tomado medidas efectivas para resolver el problema, limitándose a recurrir a la vía judicial y solicitar medidas cautelares para parar el cierre.