En un acontecimiento importante en el ámbito político español, el Pleno del Congreso ha decidido este jueves rechazar, con los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN, los objetivos relacionados con la estabilidad presupuestaria y la deuda pública para las administraciones en el periodo de 2026 a 2028. Esta decisión se considera un paso inicial para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2026.

Por otro lado, los partidos del Gobierno, que incluyen al PSOE y Sumar, han expresado su apoyo a la propuesta, junto con ERC, Bildu, PNV, Coalición Canaria y BNG. Sin embargo, Podemos y la diputada de Compromís, Águeda Micó, han optado por la abstención en esta votación.

Este es ya el quinto intento del Gobierno en esta legislatura para obtener la aprobación de esta senda de déficit, una tarea que hasta ahora ha fracasado. Las razones detrás de estos reveses incluyen el rechazo por parte del PP en el Senado y la desmarcación de Junts del bloque de investidura, que ha llevado a la negativa de la medida en el Congreso.

A pesar de este nuevo revés, el Ministerio de Hacienda está decidido a presentar nuevamente la misma senda en un futuro cercano. En caso de que continúe el rechazo, el Gobierno avanzará con la presentación de los Presupuestos de 2026 utilizando la senda de estabilidad que se remitió a la Comisión Europea en 2023 como parte de un programa de estabilidad.

Esa estrategia ya fue respaldada anteriormente por la Abogacía del Estado, después de que el Senado rechazara los objetivos de estabilidad en dos ocasiones durante 2024, devolviendo los asuntos al Consejo de Ministros. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta senda alternativa otorgará menos flexibilidad de gasto a las comunidades autónomas.

En este contexto, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha mostrado optimista respecto a la posibilidad de presentar el proyecto de los Presupuestos de 2026 en el Congreso a principios o mediados del primer trimestre del año próximo, con miras a que dichas cuentas públicas puedan ser aprobadas entre abril y mayo.

Los objetivos de estabilidad que el Gobierno planteó y que fueron rechazados por la Cámara Baja establecían una reducción del déficit en el conjunto de Administraciones Públicas, comenzando con un 2,1% en 2026, 1,8% en 2027 y 1,6% en 2028. Para las comunidades autónomas, el objetivo era fijar un déficit del 0,1% del PIB para esos mismos años, a la vez que se buscaba que los ayuntamientos mantuvieran estabilidad presupuestaria durante este periodo.

En términos más específicos, para la Administración General del Estado, se proyectaba un déficit del 1,8% en 2026, 1,5% en 2027 y 1,4% en 2028. La Seguridad Social, por su parte, tenía previsto un déficit del 0,2% para 2026 y 2027, y del 0,1% para 2028. Además, se proponía un récord de 'techo de gasto' de 216.177 millones de euros para 2026.