La ONU ha denunciado que, según sus informes, las autoridades nicaragüenses cada vez se alejan más de los Derechos Humanos y el Estado de derecho. Esta preocupante situación ha llevado al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a cerrar su oficina en Managua, poniendo fin a su misión humanitaria en Nicaragua. El Gobierno de Daniel Ortega solicitó la salida del país de esta organización internacional humanitaria.

La delegación regional del CICR para México y América Central ha confirmado la noticia y ha expresado su disposición para reanudar el diálogo y la acción humanitaria en Nicaragua. Según un comunicado emitido por el CICR, en 2018 recibieron la autorización para abrir una misión con enfoque exclusivamente humanitario en el país.

Con base en esto, en 2019 el CICR estableció una oficina permanente en Managua y formalizó un acuerdo con las autoridades nicaragüenses para la visita a personas detenidas. Desde entonces, el organismo ha brindado su apoyo a la Cruz Roja en la tarea de establecer contacto entre familias, fortalecer la labor humanitaria en beneficio de las personas más vulnerables, prevenir y atender las consecuencias humanitarias de la privación de libertad, y llevar a cabo actividades de formación en Derecho Internacional Humanitario.

Es importante destacar que el CICR ha enfatizado que sus labores en más de 80 países tienen un objetivo exclusivamente humanitario y se adhieren estrictamente a los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia.

Además, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada al Nashif, ha denunciado las crecientes desviaciones de las autoridades nicaragüenses en relación con los Derechos Humanos, el Estado de derecho y otros principios democráticos. En este sentido, ha ofrecido al Ejecutivo nicaragüense un diálogo genuino y asistencia técnica para superar la crisis en materia de Derechos Humanos.

Al Nashif ha expresado su descorazonamiento frente a la falta de medidas para prevenir violaciones a las libertades fundamentales en Nicaragua, señalando que la impunidad se ha convertido en la norma en el país. Además, ha denunciado las restricciones al espacio público y los repetidos casos de detenciones arbitrarias contra aquellos que ejercen sus libertades fundamentales.

También ha afirmado que el Gobierno de Ortega sigue persiguiendo a personas que podrían aportar una visión alternativa en la esfera pública, incluyendo líderes políticos, indígenas, miembros de la Iglesia católica, activistas y periodistas. Muchos de estos perseguidos políticos se encuentran en el exilio y no tienen posibilidad de regresar a Nicaragua.