La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha expresado su sorpresa respecto a los cambios en la actitud del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, tras su encuentro con el líder argentino Javier Milei. En su opinión, este nuevo comportamiento de Garamendi refleja una distorsión significativa de su carácter y compromiso con las instituciones y el diálogo social.

Durante una reciente entrevista, Díaz destacó que, a diferencia de su comportamiento en la anterior legislatura, cuando Garamendi mostraba respeto por las instituciones y se involucraba activamente en la creación de políticas, ahora parece haber abandonado esa postura y se percibe como una figura pasiva en discusiones cruciales, como la mesa sobre la reducción de la jornada laboral.

La ministra ha llamado la atención sobre lo que considera un machismo evidente en las recientes declaraciones de Garamendi, instándole a que aclare su postura sobre el diálogo social. Preguntó si su lealtad era hacia los intereses de las empresas españolas o hacia una agenda política de derecha y extrema derecha, que busca atacar al Gobierno.

En respuesta a las acusaciones de Garamendi de que la ministra "se inventa normas", particularmente en relación al registro horario, Díaz ha exigido una rectificación. Considera que tales afirmaciones, que sugieren un enfoque autoritario, son completamente inaceptables por parte del líder de la patronal.

Díaz también acusó a Garamendi de desinformar sobre el proceso del registro horario, recordando que esta cuestión fue discutida en la mesa de diálogo social durante un largo periodo mientras la CEOE mantenía una postura inactiva. Según la ministra, lo que verdaderamente preocupa a esta organización no es la reducción de la jornada laboral, sino el establecimiento de un control eficiente del horario laboral, que busca proteger los derechos de los trabajadores españoles.

Finalmente, la ministra concluyó que Garamendi parece haberse alineado con una estrategia de confrontación política, lo que en su opinión, contradice su deber de colaborar con el diálogo social y cumplir con las obligaciones establecidas en la Constitución.