La reciente declaración de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha encendido el debate en torno a la reforma del despido en España. Según Díaz, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se opone al cambio con una postura que ella califica de extrema derecha, lo que revela la resistencia de algunos sectores empresariales a adaptarse a las exigencias del derecho europeo.

En una intervención ante los medios, Díaz subrayó que el Gobierno español no actúa de forma caprichosa, sino que está obligado a cumplir con las normativas europeas, como lo ha dictado el Tribunal Supremo. La ministra cuestiona la actitud de la patronal al no querer sentarse a negociar en una mesa cuya premisa principal se basa en la verdad de estas obligaciones legales.

Garamendi, en una declaración reciente, aseguró que la CEOE se retira de la negociación, argumentando que se basa en una premisa falsa sobre el despido. Según él, la justicia ha respaldado la postura de la patronal y, por tanto, no tiene sentido participar en conversaciones que considera injustas.

Díaz, no obstante, contestó a Garamendi recordándole que el Consejo en Europa ya ha emitido juicios claros sobre la legislación española relacionada con el despido, y esta ha sido objeto de condena por no alinearse con las normativas europeas. La ministra defendió que el problema no se centra en los días de indemnización, sino en la conformidad de la legislación española con la Carta Social Europea.

En sus alegaciones, la ministra enfatizó que el modelo actual de despido en España es ineficiente y casi gratuito, lo que da lugar a una falta de justicia para los trabajadores despedidos. Resaltó que, si se introdujeran los daños emergentes y el lucro cesante en las indemnizaciones, se podrían considerar factores como la edad, el género y la cualificación del trabajador afectado, algo que actualmente no se contempla adecuadamente.

Díaz hizo hincapié en que el despido de una persona joven y altamente cualificada no debería tener las mismas repercusiones que el de alguien en una situación más vulnerable, como una mujer mayor sin formación adecuada y en riesgo de exclusión laboral.

La ministra también cuestionó la práctica de fijar de antemano el coste del despido, una medida que, según ella, Europa ha declarado ilegal. Se propone una reestructuración que permita una evaluación más justa y equitativa del despido basada en las circunstancias individuales del trabajador, en vez de aplicar una fórmula estática como la actual.

Díaz argumentó que este cambio es necesario para modernizar la legislación española y adaptarla a los estándares europeos, lo cual, considera, es en última instancia lo que la patronal debería defender.

Finalmente, la ministra también se pronunció sobre la cuestión de los salarios de tramitación, sugiriendo que sería razonable recuperarlos. Criticó los largos tiempos de espera en los juzgados de lo Social, lo que puede dejar a los trabajadores en una situación desesperante mientras esperan resolución. Según Díaz, la normativa actual que establece de manera anticipada el coste del despido es inadecuada y debe ser revisada.