MADRID, 7 de noviembre.

En un cambio significativo en la relación entre las instituciones, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha instado a la Generalitat de Cataluña a proporcionar de manera urgente la documentación que, a solicitud de la organización Societat Civil Catalana, se había requerido en junio pasado al Departamento de Educación.

Gabilondo busca aclarar las directrices que la administración catalana ha establecido para los centros educativos, con el fin de asegurar que los criterios educativos aplicados en relación con las lenguas oficiales son conformes a la reciente suspensión cautelar del decreto sobre el régimen lingüístico y que se respete el derecho al aprendizaje del castellano.

Ante la falta de respuesta por parte del Departamento de Educación y Formación Profesional de la Generalitat, el Defensor del Pueblo ha formalizado una notificación a Societat Civil Catalana el 14 de octubre, informando sobre la necesidad de una respuesta inmediata.

Societat Civil Catalana recuerda que su reclamación anterior fue atendida por el Defensor en junio, cuando expresaron su preocupación sobre el decreto lingüístico en el sistema educativo no universitario de Cataluña. Este decreto, según ellos, podría estar provocando, a pesar de su suspensión por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, una discriminación de facto del idioma español.

El Defensor del Pueblo declaró que, dado el impacto y relevancia de la regulación en cuestión, era necesario iniciar un proceso informativo en colaboración con la Secretaría General de Educación y Formación Profesional de la Generalitat.

A comienzos de septiembre de 2023, ya se había hecho un intento por vía administrativa para evitar la aprobación de dicho decreto, advirtiendo sobre sus posibles efectos adversos, aunque estas preocupaciones no fueron tenidas en cuenta por el gobierno catalán.

La asociación enfatiza que el enfoque lingüístico establecido por la Generalitat no solo se limita al ámbito escolar, sino que también repercute en actividades extracurriculares que son cruciales para el desarrollo educativo integral del alumno.

Societat Civil Catalana sostiene que estas políticas constituyen una violación clara de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Española, sobre todo en lo que respecta al derecho a no ser discriminado por el uso del idioma.

La organización hace hincapié en que el artículo 3 de la Constitución establece el castellano como lengua oficial del Estado, y resalta que todos los ciudadanos tienen tanto el deber de conocerla como el derecho a utilizarla. Esto es fundamental para garantizar la igualdad entre todos los españoles en lo que respecta al uso del idioma, sin distinción de la comunidad autónoma en la que residan.

Además, indican que el decreto en cuestión contraviene numerosas sentencias judiciales que promueven una educación equilibrada y bilingüe, omitiendo el reconocimiento de ambos idiomas como cooficiales, tal y como establece el Estatuto de Autonomía de Cataluña.