El pasado 7 de noviembre en Madrid, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, hizo hincapié en la importancia de acelerar la reubicación de menores migrantes. Según sus declaraciones, ya se han gestionado cerca de 200 expedientes para la acogida proveniente de las comunidades de origen, y están trabajando intensamente para cumplir con los traslados.

Rego destacó la complejidad del proceso, que requiere coordinación entre las comunidades de origen y destino, así como la colaboración de varios ministerios. Sin embargo, aseguró que están avanzando en el cumplimiento de estos traslados y señaló que las condiciones son favorables para el éxito de esta iniciativa.

La ministra realizó estas afirmaciones durante la Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia, celebrada en la sede del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. En el evento, también criticó a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, acusándolas de obstaculizar el proceso de reubicación en un acto que calificó de "bloqueo sistemático". Afirmó que esta postura responde a una agenda racista y a una aparente colaboración con ideologías extremas.

Además, se abordaron acuerdos importantes en la reunión, donde se aprobó la transferencia de 13 millones de euros destinados a las comunidades de Canarias, Ceuta y Melilla, que han sido declaradas en estado de Contingencia Migratoria. Este dinero se destinará a mejorar las condiciones de acogida para los menores migrantes en su llegada a estas regiones.

De esta suma, Canarias recibirá 5 millones, Ceuta 4,1 millones y Melilla 2,7 millones, mientras que las Islas Baleares obtendrán 1,2 millones. Rego añadió que este monto se suma a otros 22 millones previamente otorgados en una videoconferencia celebrada en septiembre, además de otros 100 millones relacionados con la reforma del artículo 35.

La ministra revisó la finalidad de esta inyección económica, subrayando que se orienta principalmente a la atención inicial de los menores migrantes no acompañados, quienes requieren una asistencia inmediata en las comunidades que más los reciben.

Sin embargo, la reunión también evidenció desacuerdos, puesto que varias comunidades se opusieron a discutir un punto clave relacionado con un Real Decreto que establece nuevos estándares para los sistemas de acogimiento. Rego criticó la negativa, resaltando que el Gobierno tiene la determinación de avanzar en este reglamento, el cual se aprobará en breve a pesar del bloque en las conferencias sectoriales.

Según la ministra, en el país persiste un problema serio con los sistemas de protección infantil, y ha recibido informaciones alarmantes sobre las condiciones en algunas comunidades. Se ha encontrado con situaciones inaceptables que vulneran los derechos de los menores y afectan a los trabajadores en estos centros, lo que ha causado gran preocupación.

El nuevo reglamento, argumentó, busca establecer estándares mínimos para mejorar el sistema de protección y asegurar los derechos de los niños y de los profesionales que trabajan en estos entornos.

Adicionalmente, la ministra se refirió a la pobreza infantil y criticó la postura de las comunidades gobernadas por el Partido Popular, indicando que estas no han contribuido adecuadamente a la lucha contra este problema. Ante un informe de Cáritas que señala un 29% de tasa de pobreza infantil en España, Rego enfatizó la necesidad de que las comunidades aporten datos exhaustivos sobre la garantía infantil europea.

Finalmente, hizo un llamado a la unidad nacional para aprobar un Pacto de Estado que erradique la pobreza infantil, aspecto que, según su opinión, ha sido bien recibido hasta ahora. Propuso, como solución efectiva, la implementación de una prestación universal por crianza, la cual beneficiaría a cada niño o niña de 0 a 18 años y ayudaría a mitigar la problemática de la pobreza entre la infancia en el país.