La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido una solicitud a las autoridades de Perú con respecto a la sentencia del Tribunal Constitucional que ordena la excarcelación "inmediata" del expresidente Alberto Fujimori. La solicitud pide que se abstengan de ejecutar la sentencia hasta que se haya examinado en detalle para determinar si cumple con los criterios establecidos en 2022.

Fujimori se encuentra actualmente en prisión en el centro penitenciario de Barbadillo, cumpliendo una condena de 25 años por delitos de lesa humanidad. Argumenta que, debido a sus 85 años de edad y su delicado estado de salud, debe cumplir el resto de su pena fuera de la cárcel.

La Corte Interamericana ha pedido que no se proceda con la excarcelación hasta que se compruebe si la última orden cumple con todos los criterios y resoluciones anteriores. El objetivo principal es garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, ambos relacionados con masacres por las cuales Fujimori ha tenido que rendir cuentas.

Considera que es crucial evitar cualquier daño irreparable al derecho de acceso a la justicia de estas víctimas, quienes sufrieron crímenes contra la humanidad según el Derecho Internacional Penal. Estas conclusiones se basan en el dictamen recogido por la emisora RPP.

El caso de Fujimori se remonta a diciembre de 2017, cuando el entonces presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, le concedió un indulto humanitario. Sin embargo, este indulto fue revocado por la Justicia apenas unos meses más tarde en verano de 2018. Desde entonces, ha habido una lucha legal que parece llegar a su fin en este momento.

Además de su condena de 25 años por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, Fujimori también enfrenta otro proceso penal junto a varios de sus exministros de Salud. Este proceso se relaciona con las esterilizaciones forzadas de casi 350,000 mujeres y 25,000 hombres de diferentes comunidades indígenas durante su mandato.