En el día de ayer, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 anunció una multa que asciende a 3.600.902 euros contra la empresa Alquiler Seguro, tras la apertura de un expediente administrativo en marzo. Esta acción se deriva de las preocupaciones planteadas por prácticas que podrían ser consideradas abusivas en la gestión de alquileres.

Según un comunicado emitido por Facua-Consumidores en Acción, se ha tomado esta decisión en respuesta a múltiples reclamaciones de inquilinos, así como a diversas irregularidades detectadas en la investigación que involucró a la agencia inmobiliaria. Facua había denunciado previamente a Alquiler Seguro por implementar cobros a sus arrendatarios, una práctica que contraviene la legislación vigente reformatada en la reciente ley de vivienda.

El proceso sancionador, que se abrió sin inicialmente revelar el nombre de la empresa implicada, fue parte de una vigilancia más amplia sobre las posibles irregularidades en el sector inmobiliario a nivel nacional. Facua fue la primera organización en señalar a Alquiler Seguro en noviembre de 2023, detallando que la compañía exigía a los inquilinos una cantidad equivalente a un mes de renta más IVA por lo que describían como un "servicio de atención al inquilino".

Este servicio, que incluía asesoramiento en cambio de titularidad de suministros y gestión de incidencias, se considera por muchos una responsabilidad que debía asumir el arrendador, no el inquilino. En la resolución, parte del expediente sancionador se detalla una serie de ineficacias administrativas asociadas con los contratos de renta formalizados por Alquiler Seguro.

Facua señala que la empresa ha sido responsable de múltiples irregularidades, entre las que se incluyen la imposición de servicios no solicitados, la obligatoriedad de contratar seguros y limitaciones al derecho de desistimiento por parte de los inquilinos. A pesar de las alegaciones de Alquiler Seguro, la Secretaría General de Consumo ha desestimado todos sus argumentos en el procedimiento.

El secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán, formalizó el expediente sancionador que clasifica seis infracciones como "muy graves" y una más como "grave". Estas infracciones han resultado en diversas multas, destacándose la suma total de 3.600.902 euros, reflejando la gravedad de las violaciones observadas de acuerdo al Real Decreto Legislativo que protege a los consumidores y usuarios.

Con este fallo en la mano, Alquiler Seguro tiene la posibilidad de presentar un recurso ante el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, antes de que la vía administrativa se agote, lo que da un nuevo giro a las acciones de esta empresa en el controvertido sector de los alquileres.