El anuncio del Gobierno español sobre la regularización extraordinaria de migrantes ha suscitado una fuerte postura de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que ha manifestado su preocupación y sugiere que este tipo de decisiones clave deberían ser discutidas en el Parlamento y no implementadas de manera unilateral.

Un portavoz de la CEOE afirmó que, aunque la organización respalda la llegada de migrantes de manera ordenada, consideran fundamental que un tema de tal relevancia nacional se someta al debate parlamentario en lugar de ser decidido a puerta cerrada por el Ejecutivo. Esta postura subraya la importancia de un enfoque más inclusivo y democrático en decisiones que afectan la política migratoria del país.

El reciente Consejo de Ministros ha dado luz verde a un procedimiento de urgencia por Real Decreto que tiene como objetivo regularizar a más de 500,000 migrantes. Esta medida es el resultado de un acuerdo entre el PSOE y Podemos, lo que ha generado críticas y divisiones en el espectro político.

Los requisitos establecidos para la regularización apuntan a aquellos solicitantes de protección internacional que hayan presentado su solicitud antes del 31 de diciembre de 2025, así como a migrantes económicos que hayan residido en España por un mínimo de cinco meses hasta la misma fecha.

Esta iniciativa, además, revive el espíritu de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que logró reunir más de 700,000 firmas de apoyo y fue considerada en el Congreso en 2024, con la excepción de Vox, que se opuso. Sin embargo, este asunto ha estado estancado en la Cámara Baja desde su presentación, reflejando las tensiones políticas en torno a la inmigración en España.