Las Palmas de Gran Canaria, 3 de septiembre. En un paso significativo para abordar la situación de los menores migrantes no acompañados, las autoridades de Canarias han comenzado a enviar los primeros expedientes al Gobierno español para su traslado a centros en la Península. La Consejería de Bienestar Social ha sido la encargada de iniciar este proceso, cumpliendo su parte en el nuevo sistema de distribución entre comunidades autónomas.

Según ha indicado el Gobierno regional, la documentación de estos jóvenes está siendo remitida a las subdelegaciones de Gobierno, en el marco de un Real Decreto Ley que establece una nueva normativa para la gestión de los menores migrantes. Este nuevo sistema se fundamenta en la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería y en dos decretos que desarrollan este marco legal, como parte del esfuerzo por garantizar una distribución más equitativa de los niños y niñas bajo tutela.

La consejera del área, Candelaria Delgado, enfatizó que este avance es un momento crucial para implementar el reparto solidario de menores que establece la legislación reciente. Afirmó que Canarias está realizando su labor preparatoria al enviar la documentación necesaria para cada uno de los menores que se encuentran bajo su cuidado.

Delgado también destacó que el Gobierno regional ha podido localizaar la declaración oficial de migración firmada por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, lo que proporciona el respaldo legal necesario para llevar a cabo este procedimiento. Sin embargo, advirtió que aún se encuentran a la espera de instrucciones claras por parte de las Subdelegaciones de Gobierno en Canarias sobre cómo proseguir con la tramitación.

A pesar de la falta de directrices concretas, Delgado señaló que el Ministerio de Juventud e Infancia ha estado en comunicación constante con la Dirección General de Infancia y Familias de Canarias para definir los detalles de la documentación a presentar y las entrevistas que se deberán realizar con cada menor, así como el sistema informático que se utilizará.

La consejera subrayó la urgencia de la situación, explicando que “Canarias ha iniciado su cumplimiento, ahora solicitamos que el Estado establezca las pautas necesarias para que más de 2.000 menores puedan ser reubicados en otras comunidades antes de marzo”. Delgado recordó que, de acuerdo con los decretos aprobados recientemente, existe un plazo de 15 días para el traslado de nuevos llegados y una fecha límite hasta el 18 de marzo para reubicar a aquellos menores que superen la capacidad convencional en Canarias.

Finalmente, la consejera reafirmó el compromiso del Gobierno de Canarias en la elaboración de los expedientes con “rigor y responsabilidad”, pero hizo un llamado al Estado para que se proporcionen las instrucciones requeridas que aseguren que la nueva ley se ejecute dentro de los plazos establecidos.