En Madrid, el 28 de enero, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha acusado a las formaciones políticas PP, Junts y Vox de actuar de manera despiadada contra las familias más vulnerables de España. Esto se produce tras la reciente decisión del Congreso de rechazar el decreto ley conocido como 'escudo social', que prevería la revalorización de pensiones y la prohibición de desalojos, así como cortes de suministros esenciales para aquellos en situación precaria.

Bustinduy no ha escatimado en críticas hacia sus oponentes políticos durante un evento enfocado en iniciativas innovadoras para el cuidado comunitario. Afirmó que el debate no se reduce a cuestiones de procedimiento legislativo, sino que se trata de un cambio de postura por parte de la derecha, que ha decidido desatender las necesidades de las familias más necesitadas en el país.

El ministro calificó de "inquietante" lo sucedido en el Congreso y ha hecho un llamado a reintroducir el texto del decreto ley del escudo social, enfatizando la necesidad de defenderlo hasta lograr su aprobación. Para Bustinduy, la decisión del Partido Popular, Junts y Vox de oponerse se justifica bajo el argumento de una supuesta mezcla de asuntos, pero en realidad, señala que se trata de una negativa a proteger a las familias vulnerables, insinuando que su enfoque es equivalente a permitir desalojos injustos.

Al ser cuestionado sobre el impacto de esta situación en la reforma de las leyes relacionadas con la discapacidad y la dependencia, Bustinduy expresó su confianza en que esta iniciativa seguirá adelante, a pesar de la polarización política actual. Según él, se trata de una reforma de gran relevancia social que cuenta con un amplio consenso y que debería prevalecer por encima de las disputas partidistas.

Explicó que tiene plena seguridad de que el proceso de esta reforma será exitoso, similar a otras reformas importantes que han logrado avanzar pese a la confrontación política, incluyendo la modificación del artículo 49 de la Constitución y la ley ELA, así como medidas en el ámbito de los servicios de atención.