
Recientemente, el asesor de Seguridad Nacional designado por Donald Trump ha manifestado la necesidad de una respuesta firme ante lo que considera un sesgo antisemita por parte del Tribunal Penal Internacional (TPI) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Esto ocurre en un contexto marcado por las órdenes de arresto emitidas por el TPI contra altos funcionarios israelíes, una decisión que ha generado un amplio debate y rechazos en diferentes sectores.
En una declaración oficial, el presidente Joe Biden ha calificado de "escandalosas" las órdenes de detención emitidas por el TPI contra Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant, por supuestos crímenes de guerra y contra la humanidad durante la ofensiva militar que se llevó a cabo en Gaza hace más de un año. Biden subrayó que no hay comparación entre el movimiento terrorista Hamás e Israel, reafirmando el apoyo absoluto de Estados Unidos al Estado judío ante cualquier amenaza a su seguridad.
La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, también se pronunció enérgicamente en contra de la decisión del TPI. Reiteró las preocupaciones de la administración sobre la rapidez del fiscal en actuar y los “errores inquietantes” que han marcado el proceso, enfatizando que el TPI carece de jurisdicción sobre las acciones militares de Israel en Gaza.
Es importante señalar que Israel no es parte del Estatuto de Roma y, por lo tanto, no reconoce la autoridad del TPI, a diferencia de Palestina, que ha sido admitida como miembro desde 2015. Estados Unidos, al igual que Israel, tampoco es miembro de la corte.
Por su parte, aunque Donald Trump no ha comentado directamente sobre las órdenes de arresto, Michael Waltz, su asesor de Seguridad Nacional, ha señalado que se requiere una respuesta contundente al prejuicio percibido del TPI y la ONU. Las expectativas son que esta postura se concrete en enero, cuando Trump asuma nuevamente el cargo.
Waltz ha argumentado que el TPI no goza de credibilidad y ha reiterado que el Gobierno de Estados Unidos ha desmentido las acusaciones contra Israel. Desde su perspectiva, Israel ha estado defendiendo legalmente a su nación y a su gente frente a terroristas genocidas, utilizando su plataforma en redes sociales para difundir este mensaje.
El TPI, por su parte, mantiene que tiene jurisdicción en este caso y ha presentado pruebas que sugieren que Netanyahu y Gallant habrían actuado intencionalmente para privar a los ciudadanos de Gaza de recursos esenciales, impidiendo la llegada de ayuda humanitaria. La corte plantea que, bajo su mando, han podido llevar a cabo ataques indiscriminados sobre la población civil.
Asimismo, el TPI ha ordenado la detención de Mohamed Diab al Masri, el líder militar de Hamás, conocido como 'Abú Deif'. Esto sigue a la eliminación de otros altos mandos del grupo, como Yahya Sinwar e Ismail Haniye, durante las recientes operaciones israelíes. Aunque se ha informado que Al Masri podría haber perdido la vida, la organización no ha confirmado dicha noticia oficialmente.
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