MADRID, 27 de enero.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez encargado del 'caso Montoro' que recoja una serie de documentos relacionados con el despacho Equipo Económico, considerado el núcleo de una supuesta red de concesiones fiscales a empresas, especialmente del sector gasístico, durante el mandato de Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda. Esta medida busca impulsar el avance de la causa.

En un comunicado, al que tuvo acceso Europa Press, el Ministerio Público pide al magistrado del Juzgado de Instrucción Número 2 de Tarragona que requiera a la Policía Judicial una serie de documentos clave, incluyendo "hojas registrales completas, memorias" y las cuentas anuales de 2008 a 2025 tanto del mencionado despacho como de otras entidades, incluyendo Montoro y Asociados.

Asimismo, la Fiscalía demanda que se obtengan los registros mercantiles y la documentación completa de hasta trece empresas diferentes. También se solicita la recopilación de las escrituras de constitución y la titularidad real de diversas sociedades, así como la documentación sobre la adquisición y transmisión de participaciones sociales y el nombramiento de sus órganos de administración.

De manera similar, se requieren las escrituras de constitución y disolución del régimen económico matrimonial de varios investigados, incluyendo al propio exministro Montoro. Las demandas también abarcan las hojas registrales de ocho empresas del sector gasístico que están bajo investigación.

La Fiscalía ha manifestado su interés en que el juez extienda el plazo de la investigación por seis meses adicionales, argumentando "la necesidad de llevar a cabo diligencias que son esenciales para concluir la investigación", como la declaración de los implicados.

Según indica la Agencia Estatal de Administración Tributaria, "la propia investigación requiere de nuevas diligencias, incluidas las que surjan del testimonio de los investigados y de testigos", subraya la Fiscalía.

En este contexto, el representante de Anticorrupción ha señalado que la Unidad de Apoyo de la Fiscalía Especial está analizando las cuentas bancarias de los implicados, lo que hace imprescindible que la indagación se prolongue al menos otros seis meses.

El caso, que estuvo bajo secreto de sumario durante siete años, investiga posibles delitos como cohecho, fraude a la Administración Pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones ilegales, corrupción empresarial y falsedad documental.

El magistrado lo califica como un caso "sumamente complejo", evidenciando la existencia de una supuesta trama en torno a Equipo Económico, una consultoría cofundada por Montoro, que, supuestamente, influiría en el proceso legislativo al adaptar reformas legales a las demandas de sus clientes a cambio de una tarifa.