En un reciente encuentro en Madrid, la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, expuso su firme oposición a las reformas implementadas por el Gobierno en relación con la regla de gasto en el ámbito de las pensiones. Herrero subrayó que estas modificaciones "debilitan nuestra capacidad de supervisión independiente".

Herrero hizo estas declaraciones durante su intervención en la Comisión encargada de seguir y evaluar los acuerdos del Pacto de Toledo. A lo largo de su comparecencia, criticó la metodología que utiliza la AIReF para evaluar el gasto en pensiones, señalando que presenta "graves debilidades metodológicas y problemas de falta de consistencia temporal". Desde su perspectiva, es fundamental contar con un enfoque robusto y fiable para garantizar la sostenibilidad del sistema.

La presidenta de AIReF destacó que la metodología actual es "extremadamente sensible" a las fluctuaciones del ciclo económico, dado que contempla el crecimiento económico previsto entre 2023 y 2025. Indicó que esto podría llevar a la AIReF a sugerir ajustes en el gasto en un periodo de solo tres años, incluso cuando la situación del sistema no haya mostrado deterioro alguno.

Además, Herrero alertó sobre la influencia de dos factores de alta incertidumbre en la evaluación del gasto: los flujos migratorios y los supuestos sobre el crecimiento económico potencial. Criticó el uso del informe de envejecimiento de la Comisión Europea, argumentando que se basa en "suposiciones e hipótesis" acordadas entre los Estados miembros que no consideran las particularidades de cada país.

Por último, recalcó que las limitaciones impuestas a la AIReF en este ámbito, que parece ser lo menos relevante del proceso, disminuyen la capacidad de la autoridad para ejercer su labor de supervisión de manera independiente. "Nos imponen un marco de actuación, donde la gestión del gasto debe hacerse sin posibilidad de aportar nuestra visión crítica", concluyó Herrero.