En el día de hoy, 11 de diciembre, desde Madrid, la vicepresidenta tercera del Gobierno y titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha hecho frente a las acusaciones del Partido Popular (PP) en relación con el caso conocido como 'caso Koldo'. Aagesen ha desmentido de manera categórica la existencia de cualquier tipo de presión en su ministerio en favor de la trama investigada, que ha suscitado una serie de interrogantes sobre la ética y la transparencia en la gestión gubernamental.

Durante su primera sesión de control al Gobierno en el Congreso, la vicepresidenta subrayó que el equipo de su ministerio ha actuado en todo momento conforme a los procedimientos establecidos y sin ceder a presiones externas. "Puedo asegurarles que no ha habido ningún tipo de presión", aseveró Aagesen, respondiendo a las interrogantes planteadas por los representantes del PP.

Los diputados del PP, Pilar Alía y Jaime de Olano, interrogaron a la ministra sobre su relación con Víctor de Aldama, el supuesto intermediario en el 'caso Koldo', y sobre la rápida concesión de una licencia para operar con hidrocarburos a la empresa Villafuel, de la que Aldama es un vínculo clave. Las preguntas fueron incisivas: "¿Se ha reunido alguna vez con alguien vinculado a la trama corrupta? ¿Recibió instrucciones de otros miembros del PSOE sobre este asunto?", inquirieron. La insistencia del PP gira en torno a la argumentación de que el caso de Villafuel representa un fraude monumental asociado con el PSOE, señalando que la licencia fue concedida en apenas tres días, a diferencia de lo que suelen ser los procesos habituales que pueden extenderse durante varios meses.

La diputada Alía también destacó lo que calificó de "casualidades" en la narrativa, mencionando el hecho de que el esposo de la exvicepresidenta Teresa Ribera ocupaba un puesto en la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), la entidad encargada de las autorizaciones en este ámbito. Esta conexión añade una capa más de sospecha a la ya complicada situación.

En respuesta a estas acusaciones, Aagesen se defendió argumentando que no existen "bulos" en sus aclaraciones y reiterando que su ministerio no otorga autorizaciones, sino que gestiona los casos de todos los operadores de una forma justa. Aclaró, además, que el proceso para conceder la autorización a Villafuel llevó más de 600 días, eliminando la afirmación de que fue un trámite exprés.

El debate continuó cuando De Olano tomó la palabra para cuestionar la ministerialidad de Aagesen, señalando que, desde su llegada al cargo, su "familia más directa" habría recibido más de 100 contratos. "Esta es la manera en que el señor Sánchez y su Gobierno operan con su familia; eso sí que es economía circular", apuntó con sarcasmo, poniendo en tela de juicio las prácticas del Gobierno socialistas en torno a la concesión de contratos públicos.

El diputado añadió que no solo se trata de la adjudicación de contratos, sino de premios también, refiriéndose a un presunto reconocimiento que Aagesen otorgó a su suegro. "Usted está cumpliendo con los estándares éticos de este Gobierno de Sánchez, que no se asemejan en nada a los de otros Gobiernos en la historia democrática de España", lanzó como crítica.

Sin embargo, Aagesen se mantuvo firme en su defensa, aludiendo a sus principios rectores, que incluyen la "defensa del interés general", la "honestidad" y la "integridad", concluyendo así un intenso intercambio entre las partes que deja entrever las profundas divisiones existentes en el panorama político actual.