El próximo viernes, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, revelará el tan esperado nuevo modelo de financiación autonómica. En los últimos meses, las comunidades autónomas han vuelto a expresar sus opiniones sobre los criterios que deberían ser prioritarios en este sistema, destacando que algunas regiones defienden una mayor consideración de la población ajustada, mientras que otras argumentan a favor del PIB regional, y la mayoría aboga por incluir factores como la despoblación y el envejecimiento poblacional.

A pesar de que el Gobierno central no ha dado detalles específicos sobre el nuevo modelo, ha comunicado su intención de desplegar un enfoque que combine tanto la multilateralidad como la bilateralidad. Un dato notable es que, según Oriol Junqueras, líder de ERC, Cataluña recibiría 4.700 millones de euros adicionales gracias a este nuevo sistema, luego de una reciente reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En relación con las propuestas anteriores, es relevante mencionar que la última iniciativa de Hacienda, presentada hace algunos años, se fundamentaba en la población ajustada, aunque esta no prosperó. Actualmente, se desconoce si el departamento de Montero ha estado desarrollando esta propuesta o si se prevé un enfoque diferente. Sin embargo, ha asegurado que ninguna comunidad saldrá perjudicada y ha mencionado que se incrementará la cesión a las regiones en ciertos tributos.

Las comunidades autónomas y el Gobierno han insinuado que se están preparando cambios significativos en el nuevo modelo de financiación autonómica. Uno de los cambios más destacados sería la eliminación de las entregas a cuenta para los próximos años, que son elementales para el funcionamiento actual del sistema. Además, seguirá siendo necesario considerar las particularidades de Cataluña, un tema que todavía requiere un acuerdo sobre la recaudación de impuestos en esta región.

La negociación del modelo de financiación autonómica siempre ha suscitado diversas opiniones entre las comunidades, ya que algunas piden que se valore la dispersión territorial, mientras que otras proponen alternativas distintas. Sin embargo, la mayoría parece coincidir en que se prioritice la despoblación y el envejecimiento de su ciudadanía, debido al alto costo que esto implica para los presupuestos autonómicos.

Las comunidades que han manifestado su deseo de que se primen estos criterios son ocho: Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Aragón, Castilla-La Mancha y La Rioja. Anteriormente, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como entonces presidente de la Xunta de Galicia, reunía a otros siete líderes autonómicos para solicitar que se consideraran esos factores, entre otros.

Por otro lado, hay comunidades que se consideran 'infrafinanciadas', las cuales llevan años demandando al Gobierno central la creación de un fondo de nivelación temporal mientras se reforme el modelo de financiación autonómica. Estas comunidades también hacen hincapié en la necesidad de incorporar la población ajustada en el nuevo modelo, como es el caso de la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía.

En contraste, las comunidades que son más fuertes en términos económicos —Madrid, Cataluña y Baleares— están promoviendo que el nuevo modelo tenga en cuenta el Producto Interior Bruto (PIB) regional. Baleares y Canarias también sugieren que se consideren criterios relacionados con la insularidad para lidiar con su situación en el sistema de financiación propuesto por Hacienda.

En este sentido, el Gobierno subraya que el acuerdo sobre el modelo de financiación autonómica debe surgir de un consenso entre PSOE y PP, lo que exige una alineación entre ambas formaciones. Así, el Ejecutivo está instando a la cúpula del PP a llegar a un acuerdo que facilite la negociación, especialmente considerando las diversas demandas de sus líderes territoriales.

El anuncio del nuevo modelo se realizará en una rueda de prensa desde el Ministerio de Hacienda, y el Gobierno planea convocar un Consejo de Política Fiscal y Financiera específicamente dedicado a este tema. Cabe recordar que el Gobierno posee el 50% de los votos en este consejo, de manera que solo necesitaría el respaldo de una comunidad autónoma para avanzar en la propuesta a este foro multilateral.

Posteriormente, el modelo se presentará para su aprobación al Consejo de Ministros y luego al Congreso de los Diputados, donde deberá obtener una mayoría suficiente. El objetivo del Gobierno es que entre en funcionamiento en 2027, aspirando a alcanzar un amplio consenso que asegure su viabilidad a largo plazo, aunque Montero expresa dudas sobre la disposición del PP para siquiera discutir el nuevo modelo.