El Gobierno de España, encabezado por Pedro Sánchez, ha presentado una ambiciosa propuesta para la reforma del modelo de financiación autonómica, que promete aumentar la participación de las comunidades autónomas en los ingresos derivados del IRPF y del IVA. En este sentido, el porcentaje de cesión del IRPF se eleva del 50% al 55% y el del IVA del 50% al 56,5%, lo que implica un incremento significativo de los recursos del sistema de financiación, estimándose un total de 16.000 millones de euros adicionales para el año 2027.

María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, fue la encargada de exponer estos cambios en una rueda de prensa reciente, destacando que esta reforma era un compromiso previsto desde el inicio de la legislatura. Según Montero, "el Ejecutivo asume su responsabilidad y considera que la mejor forma de fortalecer el Estado del Bienestar es reformar un modelo de financiación que lleva 17 años en vigor".

El trasfondo de esta reforma radica en la necesidad de implementar un sistema de financiación que respalde las comunidades autónomas, garantizando así un Estado del Bienestar robusto. Este nuevo modelo se enfoca en la autonomía y la corresponsabilidad fiscal, al mismo tiempo que busca mantener la solidaridad interterritorial y la singularidad de cada región, garantizando una mayor transparencia y sencillez en su funcionamiento.

Montero ha señalado que uno de los principales desafíos radica en adaptar este modelo a las diferentes características de las comunidades autónomas, argumentando que "no puede haber un modelo único para una sola comunidad, sino un sistema que responda a las diversas realidades de España".

Uno de los elementos clave de la reforma es la revisión de la denominada "población ajustada", que determina la cantidad de habitantes de cada comunidad y pondera diferentes variables que afectan tanto el coste de prestar servicios como las necesidades de financiación. Este nuevo enfoque incluye modificaciones que afectan a la situación actual, destacando que el censo de población tiene un 30% de peso en esta ponderación.

Además de la población padrón, se toma en cuenta la población protegida, representando el 38%, que es fundamental para calcular el gasto en sanidad. En este contexto, la propuesta del Gobierno plantea un aumento en los grupos de edad de 7 a 20, lo que permitirá una estimación más precisa de los costes sanitarios en función de las necesidades de la población.

Respecto a la educación, se ha considerado el número de jóvenes de 0 a 17 años, lo que representa un 17% en la ponderación. La reforma también añade dos criterios adicionales que valoran a los jóvenes de 18 a 24 años que están en universidades o formación profesional, así como aquellos que se trasladan de otras comunidades para estudiar. Estos factores suman un 3,5% a la ponderación educativa, reconociendo así el coste que implica acoger estudiantes foráneos.

En el ámbito de los servicios sociales, la población mayor de 65 años, que consume una cantidad significativa de servicios, se segmenta en dos grupos: aquellos entre 65 y 79 años, y los mayores de 80 años, incorporando un peso del 7% en esta área. Además, se añade a la fórmula el porcentaje de desempleados sin prestaciones sociales, que representará un 1,5% del total.

Por último, la propuesta no solo abarca estos principales ingredientes (sanidad, educación y servicios sociales), sino que también contempla otros factores que afectan los costes de prestación de servicios, como es el caso de la superficie de cada comunidad, que representa el 1,6% de la ponderación total.