MADRID, 18 de agosto.

Las organizaciones WWF España y Greenpeace han instado a que se establezca un pacto de Estado que refuerce las políticas climáticas, a fin de protegerlas de los cambios en las administraciones políticas. Ambos grupos han presentado un conjunto de propuestas que incluyen la mejora de los sistemas de alerta ante desastres climáticos y la aceleración de la transición hacia energías más limpias.

El secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo, ha manifestado que “España se enfrenta a ser uno de los países más afectados por la crisis climática”. Según él, es imperativo contar con un pacto sólido que garantice la continuidad de las políticas medioambientales y que posicione a España en una posición de liderazgo en la acción climática dentro de Europa.

WWF España ha destacado que un enfoque clave del pacto debería ser la adaptación al cambio climático, sugiriendo que se deben integrar evaluaciones climáticas en la planificación de recursos hídricos, agricultura y urbanismo, además de favorecer soluciones naturales y la construcción de infraestructuras resilientes.

Además, llama a priorizar la gestión y restauración del territorio como una estrategia clave para enfrentar incendios, inundaciones y sequías, enfatizando la urgente necesidad de mejorar los sistemas de alerta temprana y de reforzar los protocolos de evacuación en áreas vulnerables.

La ONG también ha exigido un marco normativo estatal que garantice planes de prevención y adaptación anuales, respaldados por presupuestos específicos y sostenibles. También ha advocateda por aumentar la educación ambiental en las comunidades y apoyar su capacidad de respuesta ante fenómenos climáticos extremos.

En términos generales, WWF ha insistido en que la transición energética debe desarrollarse de manera justa, implementando planes que ofrezcan nuevas oportunidades laborales en sectores que actualmente dependen de combustibles fósiles. Igualmente, ha promovido un modelo económico más resistente que apoye prácticas agrícolas sostenibles y el consumo consciente.

Asimismo, han demandado un impulso a la fiscalidad ambiental y que los fondos europeos se utilicen en proyectos de restauración, evitando así soluciones temporales. Para ello, consideran esencial la inclusión de diversas partes interesadas como comunidades autónomas, empresas, sindicatos y organizaciones científicas en el proceso de elaboración del pacto de Estado.

Finalmente, instan al Gobierno y a los partidos políticos a garantizar un sólido respaldo parlamentario al pacto, sugiriendo que el Comité de Cambio Climático del Congreso debe asegurar la continuidad de las políticas climáticas independentemente de los ciclos electorales, basándose en evidencias científicas.

En un enfoque similar, Greenpeace ha solicitado la implementación inmediata del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, considerando también necesario desarrollar una estrategia nacional para la gestión de incendios forestales, que contemple la atención anual de al menos el 1% de la superficie forestal del país, lo que equivale aproximadamente a 260,000 hectáreas.

La ONG también ha resaltado la importancia de establecer sistemas de alerta temprana para prevenir pérdidas humanas y materiales derivadas de fenómenos climáticos extremos, y de adaptar las infraestructuras clave como carreteras y hospitales para hacer frente a desastres naturales.

Además, Greenpeace ha llamado a acelerar la transición hacia un sistema eléctrico completamente renovable para el año 2030, sugiriendo que se eviten soluciones engañosas que puedan dilatar este proceso, y que se mantenga el cierre de las plantas nucleares tal como está previsto.

La organización ha subrayado la necesidad de campañas dirigidas a la ciudadanía para fomentar la autoprotección y la cultura de prevención, así como de utilizar los fondos europeos centrados en la sostenibilidad, con informes anuales sobre su progreso.

En el marco de sus propuestas, Greenpeace ha pedido medidas para mejorar el transporte público y fortalecer las regulaciones para responsabilizar a las empresas de combustibles fósiles sobre los costos asociados al cambio climático. También se ha manifestado la necesidad de reforzar las capacidades de investigación de las fiscalías medioambientales para identificar responsables de incendios forestales y brindar apoyo a quienes sufren las consecuencias del clima extremo.

Por último, sostienen que es crucial establecer un Fondo Estatal para Mitigación y Adaptación, que esté protegido de las fluctuaciones políticas, además de un fondo anual de mil millones de euros destinado a la prevención de incendios y gestión forestal en el ámbito nacional.

En la opinión de Greenpeace, el propósito esencial del pacto debe ser convertir la Declaración de Emergencia Climática en políticas concretas con objetivos claros de mitigación y adaptación fundamentados en la ciencia, dejando atrás cualquier tibieza en su implementación.

Proponen, con carácter urgente, la convocatoria del Consejo Nacional del Clima, donde el Gobierno, comunidades autónomas, ayuntamientos, científicos y otros actores sociales puedan proponer y acordar las acciones más urgentes necesarias, alejándose de la polarización política.

La directora ejecutiva de Greenpeace España, Eva Saldaña, ha subrayado que “el pacto debe incluir a toda la sociedad”, reconociendo que el cambio climático es un reto que nos concierne a todos, aunque no de la misma forma ni con igual grado de responsabilidad.