En un anuncio impactante, el Gobierno de Venezuela ha declarado la detención de un grupo de mercenarios supuestamente vinculados a la CIA, afirmando que estos individuos están implicados en la planificación de un "ataque de falsa bandera" que podría desencadenar un conflicto armado entre Caracas y Washington.

Las autoridades venezolanas han alegado que la captura de estos mercenarios proporciona evidencia de una inminente provocación desde las aguas fronterizas con Trinidad y Tobago, sugiriendo que esta maniobra podría llevar a un enfrentamiento militar abierto con Estados Unidos. La información fue divulgada en un comunicado oficial del Ministerio de Información, donde se destacaba la seriedad de la situación.

El Gobierno liderado por Nicolás Maduro ha establecido paralelismos entre esta supuesta amenaza actual y eventos históricos como el incidente del Acorazado Maine y el ataque en el Golfo de Tonkin, que precedieron a conflictos bélicos significativos en Cuba y Vietnam, respectivamente. Según el comunicado, esta táctica busca justificar un escalamiento militar y la intervención directa en Venezuela.

Además, el ejecutivo venezolano ha criticado los ejercicios militares realizados por Trinidad y Tobago en cooperación con Estados Unidos, que se iniciaron el mismo día de la divulgación del comunicado. La llegada del buque de guerra 'USS Gravely' y el despliegue del portaaviones 'USS Gerald R. Ford' han sido catalogados por Caracas como parte de una campaña provocativa dirigida en su contra, justo cuando se intensifican las acciones contra organizaciones de narcotráfico en la región del Caribe.

El comunicado de Caracas enfatiza que la realización de estos ejercicios militares entre el 26 y 30 de octubre, bajo el auspicio del Comando Sur estadounidense, constituye una violación grave de la soberanía y de la paz regional. En este sentido, Venezuela ha instado a la comunidad internacional a tomar nota de estos desarrollos, que consideran como una amenaza directa a su país.

El Gobierno venezolano no ha escatimado críticas hacia la gestión de la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad Bissessar, a quien acusó de subordinar la soberanía nacional a los intereses de Estados Unidos. Este alegato resalta una supuesta transformación del territorio trinitense en un bastión militar del imperio estadounidense en el Caribe, movilizándose contra naciones latinoamericanas como Venezuela y Colombia.

La declaración también menciona el impacto negativo de las políticas de Bissessar en su población, sugiriendo que estas han llevado a ejecuciones extrajudiciales de pescadores en el mar Caribe. Esto se interpretó como una señal de la naturaleza represiva del Gobierno trinitense, que habría permitido la operación de fuerzas extranjeras en su territorio mientras ignora las violaciones a los derechos de su propia gente.

Caracas ha advertido que no cederá ante presiones externas ni se intimidará por maniobras militares de gobiernos considerados "vasallos" de Estados Unidos. El mensaje es claro: las Fuerzas Armadas venezolanas se mantendrán vigilantes y listas para responder a cualquier provocación.

Este clima de tensión se intensifica en el contexto de recientes acciones militares estadounidenses en la región, que resultaron en bajas en ataques contra supuestas embarcaciones relacionadas con el narcotráfico. Las operaciones en el Caribe forman parte de una estrategia más amplia de la administración de Donald Trump, quien ha presentado a Venezuela como un foco de atención dentro de su política exterior en Sudamérica.

El presidente Trump ha manifestado su descontento con el régimen de Maduro y, a su vez, ha autorizado operaciones de la CIA en la región. En respuesta, el Gobierno venezolano ha decidido fortalecer su presencia militar, desplegando recursos adicionales y soldados en varias provincias como medida de precaución ante el creciente riesgo de un enfrentamiento armado.