En un giro significativo en la política ucraniana, la Rada Suprema ha dado luz verde a una nueva legislación que elimina las restricciones previamente impuestas a la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) y a la Fiscalía Especial Anticorrupción (SAPO). Esta decisión se produce tras un intenso escrutinio por parte de los aliados europeos y diversas organizaciones que exigían una mayor autonomía para estas instituciones vitales en la lucha contra la corrupción.

En una votación contundente, 331 de los 450 miembros del parlamento se pronunció a favor de la medida. El presidente Volodimir Zelenski, que había respaldado una ley que limitaba las capacidades de NABU y SAPO, decidió rectificar su postura tras las críticas y la presión ejercida desde el exterior, reveló la agencia de noticias ucraniana UNN.

El controvertido marco legal que planteaba la intervención de la Fiscalía en las investigaciones de estas agencias había surgido en un contexto de creciente inquietud sobre la influencia rusa y la lentitud de ciertos procesos judiciales. Esta medida permitía al fiscal general tomar decisiones que podrían desviar o incluso aislar casos de corrupción cruciales.

Zelenski, que había defendido la normativa inicial como un pilar para el "fortalecimiento del orden público" y la protección contra la injerencia externa, finalmente ha tenido que capitular ante la opinión pública y los llamados internacionales a respetar la independencia de los organismos encargados de combatir la corrupción.

Con esta enmienda, el presidente asegura que se logrará el objetivo de robustecer el sistema anticorrupción, eliminando las barreras que habían amenazado la autonomía de estas agencias y enviando un mensaje claro sobre el compromiso de Ucrania en la lucha contra la corrupción.