En Madrid, el 3 de abril, ha surgido un nuevo desarrollo en el caso de fraude en el IVA que investiga la Audiencia Nacional, en el que se menciona a Iván Castañer, un individuo señalado como uno de los testaferros implicados. Castañer ha revelado que fue reclutado por la organización, que le ofreció el rol de administrador de una empresa pantalla. Aceptó dicha propuesta en un momento complicado de su vida, marcado por problemas personales relacionados con el alcohol y las drogas, y tras haber sido expulsado de casa por sus padres.

Fuentes del ámbito judicial han indicado que Castañer fue introducido en la trama por un conocido que lo presentó a otro investigado, Francisco Javier Cillán. A pesar de la oferta de recibir una compensación económica por su participación, afirmó que nunca llegó a recibir dinero alguno por sus servicios.

Documentos de la Unidad Central Operativa (UCO) del caso indican que Castañer era el administrador único de la empresa Skyward Tech SL, una de las muchas compañías utilizadas por Villafuel SL, la operadora en el centro de la investigación, con el propósito de llevar a cabo la defraudación fiscal mediante la simulación de la venta de productos petrolíferos y evadir el impuesto pertinente.

Además, la UCO ha señalado que esta empresa pantalla servía a la organización criminal para trasladar fondos provenientes de actividades ilícitas hacia China. En su testimonio, Castañer describió cómo, tras recibir un traje y firmar documentos notariales, acudió a abrir una cuenta bancaria, desde donde Cillán le enviaba instrucciones para realizar transferencias.

En su declaración, Castañer negó haber tenido contacto directo con Víctor de Aldama o Claudio Rivas, quienes son considerados los líderes de esta red delictiva. Reiteró que él solo cumplía con las órdenes que le eran impartidas.

Es relevante señalar que Cillán es visto por la UCO como el principal orchestrador del supuesto fraude en el IVA relacionado con el sector de los hidrocarburos a través de Villafuel. En sus declaraciones ante el juez Santiago Pedraz, Cillán se presentó como un simple administrativo siguiendo las directrices de María Luisa Rivas y Pedro Antonio Marín, otros nombres destacados en este caso.

En la misma jornada también estaba previsto que compareciera otro presunto testaferro, Jaime Salmerón, quien no pudo ser localizado para hacerle entrega de la citación. Por su parte, María Luisa Rivas, responsable de Villafuel SL y hermana de Claudio Rivas, se acogió a su derecho a no declarar, aunque ha manifestado su intención de colaborar con la justicia una vez tenga acceso completo a la documentación pertinente.

El juez que lidera esta pesquisa investiga una trama organizada por Villafuel SL para eludir el IVA en el sector de los hidrocarburos, una operación que, según la Guardia Civil, suma un monto de 231,7 millones de euros, proceso que se desarrolló entre 2021 y 2024. Se ha mencionado que estos crímenes están siendo indagados en diferentes juzgados centrales de la Audiencia Nacional debido a su complejidad.

Uno de los informes de la UCO describe el esquema de este tipo de fraude, indicando que la organización criminal inicia el proceso al adquirir una operadora mayorista de productos petrolíferos. Esta operadora compra combustible en depósitos fiscales, pagando solo impuestos especiales, pero evade el IVA que debe remitir a la Hacienda Pública, lo que constituye el núcleo del fraude.

El modelo de fraude se fundamenta en la omisión del ingreso del IVA repercutido a las gasolineras, que son las que compran el producto a un precio que incluye ese impuesto. Dado que la operadora apenas soporta IVA en sus operaciones, las cantidades que deberían ingresarse son significativas, pero la organización opta por no hacerlo.

Aunque este esquema básico ha persistido, la UCO ha observado que las organizaciones criminales han adaptado sus métodos y estructuras debido al aumento de la presión judicial y policial, introduciendo nuevas empresas en sus tramas para complicar la identificación de los verdaderos líderes del delito y proteger a las operadoras de hidrocarburos de posibles inhabilitaciones.