En Madrid, el 25 de mayo, el partido Sumar ha presentado una iniciativa en el Congreso que busca transferir todos los terrenos que posee la Sareb, también conocida como el 'banco malo', junto con su promotora Árqua, al patrimonio del Estado o de las comunidades autónomas que deseen gestionarlos. Esta propuesta plantea que las propiedades se destinen exclusivamente a viviendas de protección oficial de manera indefinida y que se priorice la construcción de inmuebles destinados al alquiler protegido.

Mediante una proposición no legislativa que será debatida en la Comisión de Economía, Sumar aboga por que el Gobierno transfiera estos terrenos a la empresa pública de vivienda, transformándolos en "patrimonio de suelo y vivienda del Estado". La coalición de izquierda considera que, en el contexto de mejorar el acceso a la vivienda a través de políticas públicas, la Sareb puede desempeñar un rol clave en esta transformación.

La Sareb, establecida en 2012 con el objetivo de estabilizar el sector financiero tras la crisis, actualmente gestiona más de 38,300 viviendas. De este total, se prevé que la empresa pública reciba 13,000 hogares ya alquilados a familias en situaciones vulnerables.

Además, el Gobierno proyecta transferir unas 15,000 viviendas adicionales que necesitan reformas, planeando añadir otras 10,000 más para los años 2026 y 2027. En este momento, más de 14,000 de estas propiedades se encuentran desocupadas y podrían integrarse al mercado.

Sumar también destaca que, más allá de la cantidad de viviendas disponibles, la Sareb y su promotora cuentan con una vasta extensión de suelo que debería ser destinado al dominio público, asegurando su categorización como suelo de vivienda de protección oficial de forma indefinida.

Es relevante mencionar que la Sareb intentó en el pasado licitar 50 terrenos, con el objetivo de edificar 3,770 viviendas bajo el proyecto conocido como Plan Viena, pero esta iniciativa fracasó y la licitación no atrajo interés.

Sumar ha expresado claramente que consideran inviable el proyecto y, a pesar de que la Sareb planea reanudar la licitación con modificaciones para atraer inversión privada, argumentan que esos terrenos deberían ser transferidos a la nueva empresa pública designada para su gestión.