MADRID, 30 de diciembre. El salario mínimo interprofesional (SMI) se mantendrá en 1.184 euros al mes por 14 pagas al inicio del 2026, continuando con el mismo valor que tiene al final de 2025. La posibilidad de un incremento dependerá de las negociaciones entre el Ministerio de Trabajo y los representantes sociales después de la temporada navideña.

Una vez se alcance un nuevo acuerdo, este se implementará de manera retroactiva desde el 1 de enero de 2026, tal como ha ocurrido en ocasiones anteriores.

Para determinar el nuevo SMI de 2026, el Ministerio de Trabajo nuevamente considerará las sugerencias del comité de expertos. Este grupo ha propuesto un aumento del 3,1 % en caso de que el SMI permanezca exento del IRPF, o del 4,7 % si se decide que el salario mínimo comience a tributar.

Estas recomendaciones implicarían un incremento del SMI de 37 euros mensuales, llevándolo a 1.221 euros si se mantiene la exención fiscal, o un aumento de 56 euros, alcanzando los 1.240 euros mensuales, si se opta por que tribute en el IRPF.

El comité de expertos, con representantes del Gobierno, sindicatos y académicos, fue creado en enero de 2021 con la tarea de establecer el ritmo adecuado para aumentar el SMI, buscando que este llegue a representar el 60% del salario promedio, conforme a lo señalado en la Carta Social Europea. Para el ajuste de 2026, el comité tiene la responsabilidad de presentar ambos escenarios, con y sin tributación.

El Ministerio de Hacienda ha mostrado disposición a revisar la deducción actual en el IRPF para que se adapte al incremento del SMI, y dado que el Ministerio de Trabajo prefiere que el salario mínimo siga exento, es probable que las negociaciones se inicien con el 3,1 %, el porcentaje que los expertos sugieren para el caso de no tributación.

Sin embargo, los sindicatos tienen una postura contraria y abogan por que el SMI comience a tributar. Por ello, han sugerido un aumento inicial del 7,5 % para 2026, elevando el salario mínimo a 1.273 euros mensuales; una vez deducido el impuesto, eso se traduciría en un incremento neto del 2,7 %, alcanzando los 1.216 euros al mes. A pesar de esto, han expuesto su disposición a modificar su propuesta tras recibir el informe del comité de expertos.

Los empresarios también aspiran a que el SMI tribute y han planteado un incremento de hasta el 1,5 % para 2026, alcanzando los 1.202 euros brutos mensuales, aunque este aumento estaría supeditado al cumplimiento de las normativas de absorción y compensación establecidas por el Estatuto de los Trabajadores.

Con el informe del comité en mano, el Ministerio se reunió a mediados de diciembre con los sindicatos CCOO, UGT y las asociaciones empresariales CEOE y Cepyme para explorar las posibilidades de un acuerdo. Esta discusión se lleva a cabo mientras se analiza simultáneamente la reforma de los criterios de compensación y absorción en el contexto de la transposición de la directiva europea sobre salarios mínimos a la legislación española.

La intención del Ministerio de Trabajo es que ambos temas —el aumento del SMI y la reforma de las reglas de compensación— se aprueben por separado, pero dentro de un acuerdo global, lo que complica las negociaciones y el consenso entre las partes involucradas.

El punto central del debate no se centra solo en el monto del SMI para 2026, sino que la atención se dirige hacia la reforma de las regulaciones de absorción y compensación, que son apoyadas por el Ministerio y los sindicatos, pero que encuentran la oposición de la CEOE.

Antonio Garamendi, presidente de la patronal, ha advertido que CEOE recurrirá a los tribunales si el Ministerio establece restricciones a la absorción de incrementos del SMI a través de pluses salariales que las empresas otorgan a sus empleados.

"Eso no es posible, porque el Estatuto de los Trabajadores establece que esto no funciona así", afirmó Garamendi. El objetivo del Ministerio y de los sindicatos es evitar que los pluses salariales, como antigüedad o nocturnidad, absorban cualquier aumento del SMI.

Desde la perspectiva del presidente de la patronal, asegurar que los pluses no absorban el SMI es visto como una "locura", ya que podría resultar en aumentos del salario mínimo de hasta "un 20 % o un 25 %", y considera que el Ministerio de Trabajo está maniobrando de manera poco legal.

"Además, esto podría desestabilizar muchos acuerdos laborales, ya que se podrían generar diferencias salariales en las distintas plantillas de una empresa debido a los diferentes complementos", ha argumentado Garamendi en sus recientes declaraciones.

Ante esta situación, el panorama para alcanzar un acuerdo integral se presenta complicado. El Ministerio de Trabajo presentará su propuesta de incremento para 2026 después de las festividades navideñas. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, ha expresado su deseo de que este asunto se cierre antes del 15 de enero y que la cifra final aplicable sea la del 4,7 %, es decir, con tributación en el IRPF.

En años anteriores, no se ha alcanzado un acuerdo conjunto que incluya a la CEOE para el aumento del SMI, logrando acuerdos únicamente con los sindicatos.

El mes pasado, el Gobierno aprobó un aumento del 4,4 % en el SMI con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025, fijándolo en 1.184 euros mensuales por 14 pagas, lo que representa 50 euros más que el año anterior.

Esa subida fue el resultado de un acuerdo entre Trabajo y los sindicatos CCOO y UGT, donde los empresarios no participaron. Así, se trata de la quinta ocasión consecutiva en que el SMI se pacta únicamente con los sindicatos.

La última vez que la CEOE y Cepyme apoyaron un aumento del SMI fue en 2020, cuando se elevó de 900 a 950 euros mensuales.

A pesar de que el Ministerio de Trabajo no está legalmente obligado a negociar el aumento del SMI, su práctica habitual es intentar alcanzar consensos con las partes interesadas.