Recientemente, el Tribunal Supremo emitió un fallo que establece que cualquier incremento en las indemnizaciones por despido improcedente solo podrá realizarse a través de una modificación legislativa.

En este contexto, Sumar ha anunciado que presentará este martes durante el Pleno del Congreso una proposición no de ley que aboga por una reforma en el sistema de despido improcedente. La coalición, liderada por Yolanda Díaz, sostiene que es esencial que esta reforma sea efectiva, tanto para disuadir a las empresas como para restablecer los derechos de los trabajadores que sufren un despido injusto.

Tras una reciente derrota en la Cámara Baja relacionada con la reducción de la jornada laboral, Sumar se apresta a lanzar una nueva iniciativa económica que consideran clave. Aseguran que es urgente establecer un esquema de indemnización que disuada a los empleadores de realizar despidos sin una causa justificada, lo que, según ellos, podría eliminar distorsiones en las relaciones laborales que afectan negativamente a las pequeñas y medianas empresas, que representan la mayoría del tejido productivo en España.

La propuesta de Sumar, a la que ha tenido acceso Europa Press, sugiere que para fijar la indemnización deberían considerarse factores como la facturación de la empresa, su tamaño y las características individuales que rodean cada despido. De esta manera, se pretende garantizar que las empresas más grandes o con mayores recursos enfrenten consecuencias económicas proporcionales al realizar despidos no justificados, evitando así prácticas que desincentiven la competencia equitativa.

Para respaldar su propuesta, Sumar hace referencia a modelos de otros países europeos como Francia y Alemania, donde las indemnizaciones por despido improcedente se determinan de manera más compleja, teniendo en cuenta la antigüedad del trabajador y las circunstancias específicas que rodean el despido.

En Francia, se aplica un sistema de baremos que evalúa estos factores para determinar la compensación correcta, mientras que en Alemania hay regulaciones que varían según la naturaleza del contrato y la duración del empleo del trabajador afectado.

Actualmente, en España, la indemnización por despido improcedente se fija en 33 días por cada año trabajado. Organizaciones como CCOO y UGT han presentado quejas ante el Comité Europeo de Derechos Sociales, argumentando que esta cantidad no es suficientemente disuasoria ni cumple con los estándares establecidos por la Carta Social Europea.

El Comité Europeo concluyó que los límites de indemnización establecidos por la legislación española son insuficientes para reparar adecuadamente el daño sufrido por el trabajador y actuar como un elemento disuasorio para el empleador.

A pesar de esto, el Tribunal Supremo determinó que no se puede aumentar judicialmente la indemnización por despido improcedente, ya que las directrices contenidas en la Carta Social se consideran declaraciones programáticas que requieren una reforma legislativa para ser aplicadas de manera directa.

Desde Sumar argumentan que la verdadera cuestión radica no en la cantidad de la indemnización, sino en la falta de justicia en su cálculo. Por tanto, el grupo considera imperativo revisar la legislación laboral, instando al Gobierno a colaborar con el diálogo social para establecer un sistema de indemnización que sea efectivamente disuasorio y restaurativo.