El grupo parlamentario Sumar interpondrá este viernes una querella ante el Tribunal Supremo contra el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, y los vocales conservadores del organismo. Según la denuncia, estos miembros del órgano de gobierno de los jueces han incurrido en un presunto delito de prevaricación administrativa al autorizar y participar en el Pleno extraordinario que propició la declaración institucional contra la Ley de Amnistía. La denuncia acusa a los promotores de arrogarse atribuciones que corresponden exclusivamente al Tribunal Constitucional y de emitir una resolución ilegal, arbitraria y que excede las competencias del CGPJ.

La querella se dirige contra ocho promotores de la declaración, Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz Abad y María Ángeles Carmona, así como contra Wenceslao Olea, que votó a favor. También se menciona al presidente Guilarte, que optó por votar en blanco. Sumar considera que Guilarte es cooperador necesario al permitir la convocatoria del pleno en el que se emitió la resolución contra la futura ley de amnistía y formula la querella contra los diez vocales conservadores del CGPJ.

Según la querella, los promotores de la declaración se han arrogado atribuciones que corresponden exclusivamente al Tribunal Constitucional al pronunciarse sobre una proposición de ley que ni siquiera existía ni estaba registrada. Sumar también critica la intención de mandar a la ciudadanía "un mensaje apocalíptico que solo puede contribuir a una mayor crispación social", especialmente al tratarse de una declaración institucional.

La querella se refiere a la aprobación de la declaración institucional del CGPJ contra la amnistía el pasado 6 de noviembre en sesión plenaria. En la declaración, se alertaba de que la aplicación de la amnistía supondría la abolición del Estado de Derecho. Sumar destaca que esta resolución descalifica e imputa conductas gravísimas al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y contradice resoluciones previas del CGPJ en relación al Poder Judicial.

El grupo parlamentario también cuestiona la base legal que se siguió para convocar el pleno del CGPJ y argumenta que los vocales querellados actuaron desde su "deliberada voluntad de eludir" la carencia competencial provocada por el mandato caducado del órgano de gobierno de los jueces. Sumar resalta que los vocales, al ser juristas con condición de autoridad, forman parte de una de las principales instituciones del Estado y, por lo tanto, deben ajustarse a las funciones del CGPJ.

Sumar considera que el acuerdo plenario del 6 de noviembre refleja la interferencia del CGPJ en una cuestión que afecta a los intereses generales y emite una resolución definitiva, que no puede ser considerada como un acto político. El grupo parlamentario destaca que el vocal Álvaro Cuesta solicitó desconvocar ese pleno al considerarlo "improcedente" e "ilegal". Por su parte, el propio presidente interino del CGPJ admitió que la declaración institucional era "prematura" y que se debía respetar la independencia judicial.