BRUSELAS, 1 de julio.

En una declaración reciente, Michael McGrath, el comisario europeo de Democracia, Justicia y Estado de derecho, ha subrayado la importancia de que las autoridades españolas lideren las investigaciones sobre los casos de corrupción, incluyendo el conocido como 'caso Koldo' y la implicación de Santos Cerdán, exnúmero tres del PSOE. McGrath indicó que no emitirá juicios sobre la situación en España hasta que se publique la evaluación anual de Bruselas sobre el Estado de derecho, prevista para la próxima semana.

Durante una entrevista con Europa Press y otras agencias del consorcio 'European Newsroom', McGrath defendió que es competencia del Estado miembro investigar tales denuncias. Al respecto, consideró que sería "inadecuado" hacer comentarios sobre investigaciones que se encuentran en curso.

En relación a si la Comisión Europea ha solicitado a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) investigar a fondo las recientes denuncias, McGrath evadió dar una respuesta directa. Sin embargo, admitió que, en situaciones donde están involucrados fondos europeos, existen "instrumentos y organismos" que tienen la capacidad de intervenir. Aun así, recalcó que no le corresponde a él comentar sobre denuncias específicas que deben ser tratadas por las autoridades adecuadas.

El comisario irlandés enfatizó que lo esencial es que cada Estado miembro de la Unión Europea cuente con estructuras eficaces para combatir la corrupción y que demuestre no solo capacidad, sino también compromiso en la lucha contra este problema a alto nivel.

Asimismo, McGrath explicó que el futuro informe anual sobre el Estado de derecho en cada país miembro evaluará la "solidez" de sus sistemas. Este análisis permitirá al Ejecutivo comunitario ofrecer su valoración más actual sobre la situación en España.

El informe aún se encuentra en fase de redacción, y McGrath anticipa que las conclusiones serán presentadas en la próxima reunión del Colegio de Comisarios el 8 de julio, donde se espera su adopción.

Dentro del informe, se incluirán recomendaciones para cada país. En el caso de España, los últimos años se han centrado en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), así como en la reforma de su sistema de selección, y en el refuerzo de la independencia del Fiscal General, aunque no se han detectado riesgos sistémicos que amenacen el Estado de derecho.

Finalmente, McGrath subrayó que el proceso de elaboración del informe debe ser visto como una oportunidad para impulsar reformas esenciales que mejoren aspectos como la independencia del sistema judicial, la diversidad y libertad de los medios de comunicación, el régimen anti-corrupción vigente y los controles democráticos necesarios.