En una reciente sesión, el Consejo de Ministros aprobó una inyección financiera de 100 millones de euros destinada a Canarias, con el propósito de proporcionar atención a los menores migrantes no acompañados que llegan a este archipiélago español. Esta partida extraordinaria se incluirá en el presupuesto del Ministerio de Juventud e Infancia.

Esta iniciativa se concibe como una medida para garantizar la protección adecuada de los menores en situación de vulnerabilidad. Actualmente, las autoridades canarias están ofreciendo apoyo a más de 4.500 niños y adolescentes migrantes que se encuentran solos al llegar a las islas.

Sira Rego, la ministra al frente del Ministerio de Juventud e Infancia, subrayó que esta transferencia es un reflejo del compromiso del Gobierno de España con los derechos de los menores migrantes y con los territorios que reciben a estos grupos, como es el caso de Canarias. Rego enfatizó que es una obligación legal de todas las administraciones garantizar estos derechos.

La ministra resaltó que su departamento ha asumido un papel cada vez más relevante en la protección y acogida de estos menores, lo cual incluye la mejora de la infraestructura de acogida y un aumento en la inversión pública destinada a su bienestar, inclusión y apoyo integral.

El Real Decreto aprobado prevé financiamiento para diversas áreas como alojamiento, alimentación, vestimenta, asistencia psicosocial, asesoramiento legal y atención médica, así como para el acompañamiento educativo y servicios de traducción para asegurar una atención efectiva a este grupo vulnerable.

Este apoyo fiscal también se destinará a mejorar las perspectivas de inserción social y laboral para los migrantes adultos que, tras alcanzar la mayoría de edad, ya no están bajo la tutela del Estado, así como para ofrecerles orientación en aspectos como vivienda y asistencia psicosocial.

Desde el Ministerio se han establecido mecanismos de control y verificación para supervisar el uso de estos fondos, que requerirán a las autoridades canarias cumplir con determinados procedimientos de seguimiento. Además, organismos como la Intervención General del Estado y el Tribunal de Cuentas realizarán auditorías para asegurar que el dinero se destine exclusivamente a la atención de los menores migrantes.

Las autoridades de Canarias deberán rendir cuentas sobre cómo se utilizan estos fondos para apoyar iniciativas como el acogimiento familiar, combatir la pobreza infantil y facilitar la transición a la vida adulta. También se espera que se establezcan métricas claras sobre el impacto en la igualdad de oportunidades entre los menores acogidos, analizando la situación desde perspectivas de edad y género.

La ministra Rego recordó que esta nueva asignación se suma a los 40 millones de euros enviados anteriormente a Canarias en diversas partidas a lo largo de 2025, evidenciando un aumento del 140% en comparación con el año anterior y un notable incremento desde 2021, lo que representa un 90% del gasto total de Canarias en este año.