El Ministerio de Trabajo y Economía Social de España ha programado una reunión con los representantes sociales para el próximo viernes, 16 de enero, a las 09:00 horas. Este encuentro tiene como objetivo avanzar en las conversaciones sobre un posible aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) para el año 2026, según han confirmado fuentes sindicales a Europa Press.

En el último diálogo, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, propuso un aumento del SMI del 3,1% para 2026, lo que elevaría el salario hasta 1.221 euros mensuales por catorce pagas. Esta propuesta, que sería retroactiva al 1 de enero de 2026, representa un incremento de 37 euros al mes y estaría exenta de tribución en el IRPF.

Dicha propuesta se alinea con las recomendaciones del Comité de Expertos que asesora al Gobierno sobre el SMI, el cual sugirió un incremento del 3,1% si se mantenía la exención fiscal, o una subida del 4,7% en caso de que se introdujeran impuestos sobre el mismo.

Para atraer a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) hacia un consenso, el Ministerio de Trabajo ha manifestado su disposición a estudiar "seriamente" posibles flexibilizaciones a la Ley de Desindexación en los contratos públicos, algo que tanto sindicatos como empresarios han defendido, aunque previamente la CEOE lo había rechazado como condición para las subidas del SMI en 2024 y 2025.

El Ministerio ha respaldado la idea de vincular el salario mínimo a los contratos públicos, insistiendo en la necesidad de revisar el marco fiscal y laboral para incorporar siempre que sea posible reglas que mitiguen el impacto salarial. No obstante, esta idea enfrenta la oposición del Ministerio de Hacienda.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, reveló el miércoles que hay diferencias con el Partido Socialista en este aspecto, lo que añade un nivel de complejidad a las negociaciones en curso.

A pesar de estas discrepancias, el Ministerio prevé un rápido diálogo con otros ministerios para alcanzar un acuerdo que permita la flexibilización de las reglas de desindexación en determinadas condiciones laborales. Este diálogo también se vincula con la transposición de una directiva europea sobre salarios mínimos, que incluye la revisión de reglas sobre la compensación salarial para evitar que la subida del SMI se diluya entre complementos ya existentes.

Tras la última reunión, se acordó que los representantes sociales examinarán la propuesta del Gobierno en sus respectivas asambleas, y aunque aún no hay certezas, se espera que CCOO y UGT apoyen el acuerdo.

En contraposición, la CEOE se muestra cautelosa y aún no ha definido su postura ante la propuesta gubernamental. Sin embargo, tanto el Ministerio de Trabajo como los sindicatos han valorado su enfoque constructivo durante estas negociaciones, lo cual ha llevado a Pérez Rey a expresar optimismo sobre la inclusión de la CEOE en el pacto.

Los sindicatos, que inicialmente propusieron una subida del 7,5% con tributación del IRPF, consideran que la propuesta del 3,1% sin impuestos se sitúa por encima de la inflación media proyectada para 2025 (2,7%) y responde a la necesidad de cubrir el incremento del coste de vida, además de alinearse con las recomendaciones de la Carta Social Europea que abogan por garantizar al menos el 60% del salario medio neto.

Desde el ámbito empresarial, fuentes han indicado que la posición de la CEOE sobre el SMI dependerá de las discusiones que tengan lugar en la reunión del viernes, y que su Junta Directiva discutirá el asunto más adelante, el 19 de enero.

Si la CEOE finalmente se adhiere a la propuesta del Gobierno, el SMI para 2026 aumentaría considerablemente más de lo que proponen los empresarios, que abogan por un incremento del 1,5% hasta alcanzar 1.202 euros brutos al mes.

El Ministerio de Trabajo tiene la intención de proceder por separado en la aprobación del SMI y en la reforma de las normas de absorción, todo como un componente de un acuerdo más amplio que transpondría la directiva europea sobre salarios mínimos al marco legal español.

Sin embargo, los esfuerzos por reformar las reglas de compensación son complejos, especialmente debido a la oposición de la CEOE, mientras que los sindicatos persisten en su empeño de avanzar en esta reforma, buscando su inclusión en el Consejo de Ministros junto con la aprobación del SMI para 2026, aunque su implementación se pospondría hasta concluir los plazos necesarios.

Es un hecho que el SMI se mantendrá este año sin tributación, pues se ha llegado a un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y Hacienda para que el incremento permanezca exento de impuestos, tal como confirmó el secretario de Estado de Trabajo.

El Ministerio de Hacienda ha mostrado disposición a revisar la deducción del IRPF para ajustarla al aumento del salario mínimo interprofesional que se implementará este año, aunque esta solución ha sido descalificada por el secretario general de UGT como un simple "parche".

El SMI ha iniciado el año con la misma cuantía que cerró 2025, lo cual representa 1.184 euros mensuales por catorce pagas. Esta cifra se instauró tras la aprobación en febrero de 2025 de un aumento del 4,4% que elevó el SMI a 1.184 euros, acordado exclusivamente entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos CCOO y UGT, sin la participación de los empresarios.

La última vez que la CEOE y Cepyme apoyaron un incremento del SMI fue en 2020, cuando se elevó de 900 a 950 euros mensuales. Aunque el Ministerio de Trabajo no tiene obligación legal de negociar los incrementos del SMI y solo debe realizar consultas, históricamente ha tratado de alcanzar un consenso con los sindicatos y la patronal.