En una sorprendente decisión, el exministro de Transportes José Luis Ábalos ha renunciado a su cargo como diputado en el Congreso, un movimiento que se produce en medio de un contexto judicial delicado. A pesar de esta renuncia, su situación legal no se ve directamente afectada, ya que su juicio por presuntas irregularidades en la compraventa de mascarillas durante la pandemia sigue programado para abril en el Tribunal Supremo. Sin embargo, este paso podría plantear nuevas complicaciones en la otra investigación que enfrenta, relacionada con supuestos amaños en obras públicas, la cual podría ser transferida a la Audiencia Nacional al perder su condición de aforado.

El Tribunal Supremo había establecido previamente que, aunque un aforado pierda su estatus, la competencia para enjuiciar no se altera una vez que se inicia el proceso judicial. Por lo tanto, a pesar de su dimisión, Ábalos permanecerá bajo la jurisdicción del Supremo para el caso de las mascarillas, dado que el instructor del caso, el magistrado Leopoldo Puente, ya había autorizado la apertura de juicio oral el pasado diciembre.

Esta situación podría haber sido diferente si Ábalos hubiera optado por abandonar su escaño antes de la decisión del Supremo de someterlo a juicio, momento en que el caso podría haber sido tomado por la Audiencia Nacional. En este sentido, los acontecimientos parecen haber tomado un rumbo que desdibuja sus opciones legales.

El caso en cuestión no solo involucra a Ábalos, sino también a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama, quienes, según el instructor, conspiraron para aprovechar la influencia del exministro en la adjudicación de contratos públicos y obtener beneficios económicos mediante métodos ilícitos.

Las peticiones de pena por parte de la Fiscalía son contundentes: 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo, y 7 años para Aldama. Las acusaciones formuladas por el Partido Popular intensifican la presión, demandando un total de 30 años de cárcel para Ábalos y su exasesor, mientras que para Aldama se mantendría la misma solicitud que la del Ministerio Público.

Ambas partes han argumentado la necesidad de prisión provisional para Ábalos y su asesor, aduciendo un riesgo de fuga que ha sido validado por el juez, quien los envió a la cárcel de Soto del Real en noviembre, donde permanecen a la espera de su juicio.

El Tribunal Supremo optó por continuar el proceso judicial después de que el instructor decidiera dividir el caso, manteniendo en una pieza principal las irregularidades relacionadas con la compra de mascarillas y dirigiendo hacia una investigación aparte las denuncias de comisiones por obras públicas. Esta última pieza incluye también a otros implicados, como el exdirigente y exdiputado Santos Cerdán, así como a varios empresarios y directivos de constructoras.

Fuentes legales han indicado que la reciente renuncia de Ábalos podría complicar la autoridad del Supremo en el caso de los amaños, sugiriendo que debería ser asignado a la Audiencia Nacional. No obstante, antes de que se tome una decisión definitiva, el Supremo debe ser oficialmente informado sobre la renuncia de Ábalos.

En paralelo, en la Audiencia Nacional, el juez Ismael Moreno investiga diversas líneas del caso Koldo, concentrándose mayormente en las irregularidades en la compraventa de mascarillas. También se han llevado a cabo interrogatorios relacionados con supuestos abusos en adjudicaciones de obras públicas, que incluyen figuras destacadas del PSOE, como la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera.

Por otra parte, las pesquisas también abordan posibles pagos en efectivo relacionados con el PSOE entre 2017 y 2024, dando espacio a la sospecha de que Ábalos y García habrían aprovechado un sistema de control ineficaz en el partido para blanquear fondos provenientes de actividades irregulares.

Además, el nombre de Ábalos se encuentra vinculado a otra investigación en la Audiencia Nacional relacionada con el denominado 'caso hidrocarburos', en la que también se halla implicado el empresario Aldama. La UCO de la Guardia Civil en sus informes ha señalado que la trama pudo haber utilizado una considerable cantidad económica para influir en las decisiones del exministro, particularmente en la adquisición de un chalet en Cádiz que disfrutó durante su mandato.