El partido político Podemos ha exigido al Gobierno la suspensión inmediata de la venta de viviendas pertenecientes a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) a fondos de inversión. Esta solicitud busca proteger a los inquilinos en situación de vulnerabilidad y propone que se realice una auditoría independiente que verifique la gestión de los contratos de arrendamiento por parte de la entidad.

En una Proposición No de Ley (PNL) presentada en el Congreso, Podemos pide detener urgentemente los desahucios que están afectando a familias en el edificio Vistaverde, ubicado en Aguadulce, dentro del municipio almeriense de Roquetas de Mar. El partido subraya la importancia de asegurar que estas familias no sean desalojadas sin previo aviso.

La iniciativa de Podemos se basa en la situación crítica de 53 familias residentes en ese edificio, quienes enfrentan el riesgo de desalojo tras la reciente venta de la propiedad a un fondo de inversión. Estas familias llevan más de diez años viviendo legalmente en el inmueble, el cual originalmente fue adjudicado a una promotora que quebró, y que posteriormente fue gestionado por la denominada ‘banco malo’.

Los inquilinos han mantenido sus hogares en condiciones adecuadas, pagando sus servicios y realizando mejoras, todo sin recibir ayuda pública. Sin embargo, ahora se ven amenazados por órdenes de desalojo después de que sus casas fueran vendidas a una entidad especulativa.

En consecuencia, Podemos demanda que el Gobierno actúe para proteger el derecho de estas familias a permanecer en sus hogares, instando a la Sareb a regularizar sus contratos de arrendamiento. Además, se solicita la prohibición de cualquier venta a entidades que busquen especular con la vivienda y se exige una auditoría que examine las acciones de la Sareb desde su fundación, prestando especial atención a las viviendas ocupadas y su manejo contractual.

El grupo político también aboga por la implementación de mecanismos que aseguren la transparencia y la participación de los inquilinos en las decisiones que les afecten, garantizando así su derecho a ser informados y consultados

Asimismo, se pide una reforma del marco legal de la Sareb con el objetivo de potenciar su función social, priorizando el uso de sus activos para facilitar el alquiler social y prohibiendo la venta de viviendas habitadas sin ofrecer alternativas dignas a los desalojados.

Finalmente, Podemos solicita la creación de un registro público que muestre información sobre las viviendas gestionadas por la Sareb, especificando su estado, ocupación y los planes para su gestión. Esto facilitaría una supervisión más efectiva por parte de la ciudadanía y del Parlamento.

El partido ha registrado, además, una serie de preguntas parlamentarias para esclarecer los criterios que se siguen en la venta de las propiedades de la Sareb y para averiguar si existen otros casos de desahucios similares a los de las familias en Almería.