La situación en torno al juez Juan Carlos Peinado se complica mientras se encuentra a punto de culminar su carrera judicial. Con su jubilación programada para septiembre de 2026, el magistrado amplía las investigaciones que involucran a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien se le ha imputado un nuevo delito de malversación en relación con la contratación de su asesora en La Moncloa.

De acuerdo con la información disponible, el juez Peinado, que encabeza el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, está programado para interrogar nuevamente a Gómez debido a la reciente ampliación de su investigación, que previamente ya incluía un espectro de presuntos delitos que abarcaban desde el tráfico de influencias hasta la corrupción en los negocios. Antes de estos eventos, la única persona que estaba sujeta a investigación había sido el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, quien se había desvinculado de cualquier relación con el nombramiento de la asesora mencionada.

La indagación que tiene en el centro de la polémica a la señora Gómez se inició a raíz de una denuncia presentada en abril de 2024 por la organización Manos Limpias. En ella se alega que ella habría utilizado su posición como cónyuge del presidente para influir en decisiones relacionadas con licitaciones públicas y favorecer a ciertos empresarios, lo que ha generado una serie de investigaciones paralelas impulsadas por partidos políticos como Vox y Hazte Oír.

El pasado agosto, nuevas evidencias llevaron a Peinado a formalizar la imputación de malversación en contra de Gómez en relación con la contratación de su asesora. Esto surge tras una resolución de la Audiencia Provincial de Madrid que invalidó la declaración de Álvarez como testigo y reforzó las bases argumentativas en torno a los delitos de tráfico de influencias.

La Audiencia Provincial advirtió que, aunque no se le podría imputar un delito de malversación a Álvarez, por no ser considerada responsable directa, sí se podían atribuir indicios que relacionaran su actuación con irregularidades en la asignación de recursos públicos en beneficio de intereses privados, lo que ha complicado aún más la situación de Gómez.

De esta manera, el juez Peinado ha decidido citar a declarar en calidad de investigadas tanto a Begoña Gómez como a Cristina Álvarez. Las audiencias están programadas para los días 10 y 11 de septiembre respectivamente, aunque ya se han presentado solicitudes para que estas citaciones sean reprogramadas debido a conflictos de agenda de la defensa de Gómez.

Hay que señalar que este nuevo enfoque de Peinado contrasta con el criterio anterior, donde había descartado investigar a Gómez y Álvarez por malversación tras la imputación de Aguirre. Actualmente, la causa incluye a cuatro personas investigadas, y la dinámica continúa siendo objeto de atención tanto en el ámbito judicial como en el político.

Con la comparecencia de testigos, entre los que se encuentran directivos vinculados a las empresas que habrían trabajado con el 'software' en disputa, el caso sigue agregando capas de complejidad. Además, el propio Pedro Sánchez se ha negado a declarar en calidad de cónyuge de Gómez, y el ministro Félix Bolaños, también implicado, ha dejado claro que no se hizo responsable de la contratación de Álvarez.

A pesar de su intención de investigar a Bolaños por posible malversación y falso testimonio, el Tribunal Supremo decidió no abrir procedimiento alguno. Cabe recordar que el ministro ha presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial, a la espera de que el órgano decida si proceden a una acción disciplinaria contra Peinado por su actuación en el caso.

Con el paso del tiempo y la inminente jubilación de Peinado, se prevé que este nuevo curso judicial sea decisivo para el futuro de la causa. Si no se resuelve antes de su salida, será responsabilidad de otro juez continuar las diligencias o decidir el destino de los investigados en este controvertido caso que ha sacudido los cimientos de la política española.