En un reciente desarrollo en la esfera cultural española, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha comunicado que su ministerio se encuentra en las etapas finales de un expediente destinado a solicitar la ilegalización de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF). Esta medida se plantea en el marco de la Ley de Memoria Democrática.

Urtasun, en una entrevista con Europa Press, indicó que el informe necesario desde la Memoria Democrática ya ha sido recibido y que se está elaborando para presentarlo ante el sistema judicial en el menor tiempo posible. Sin embargo, el ministro no especificó una fecha exacta y se abstuvo de comentar sobre un posible anuncio alrededor del 20 de noviembre, día en que se conmemora el medio siglo de la muerte del dictador.

El ministro dejó claro que considera inaceptable que, a estas alturas del siglo XXI, aún existan fundaciones que promuevan el franquismo. "Es una prioridad innegociable para mí", afirmó Urtasun, quien también mencionó la posibilidad de solicitar medidas cautelares que suspendan las actividades de la fundación en espera de una resolución judicial. "Estamos estudiando esa opción", concluyó.

En su función como ministro de Cultura, Urtasun enfatizó la importancia de trabajar en defensa de los derechos y libertades, así como de "proteger la memoria democrática". A su juicio, es esencial que los ciudadanos comprendan el impacto negativo del franquismo, incluyendo las restricciones culturales que impuso.

El proceso de ilegalización de la Fundación Franco comenzó en junio de 2024, cuando el ministerio abrió un periodo de actuaciones previas para recabar información necesaria para el procedimiento. Esta iniciativa pertenece al ámbito del ministerio de Urtasun, que tiene la responsabilidad sobre el Protectorado de Fundaciones, órgano encargado de instar la extinción judicial de entidades que no cumplan con los fines de interés general.

Para la elaboración del expediente, se han solicitado informes a diversas instituciones, como la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, el Registro de Fundaciones estatal, y la Abogacía del Estado. El ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, mencionó en el Congreso que aunque se había realizado un primer informe, fue necesario complementarlo considerando los matices legales que pudiera alegar la fundación, que actualizó sus estatutos el año pasado.

En un documento entregado a Cultura antes del periodo estival, el departamento de Torres concluyó que existen motivos legales suficientes para la extinción de la FNFF, argumentando que la fundación no actúa en beneficio del interés general y que sus actividades son contrarias a dicho interés.

Adicionalmente, se afirma que la FNFF no solo hace apología del franquismo, sino que también exalta el golpe de Estado y la dictadura, al tiempo que desacredita la dignidad de las víctimas del régimen, lo cual podría configurarse como incitación al odio o a la violencia contra ellas.

Con base en estos hallazgos, Urtasun se muestra convencido de que lo que corresponde es solicitar judicialmente la disolución de la FNFF, además de contemplar la posibilidad de suspender provisionalmente sus actividades mientras se espera la sentencia correspondiente y se evalúan las medidas cautelares necesarias para hacer efectiva dicha suspensión.