La Comisión Mixta del Congreso y el Senado encargada de supervisar el Tribunal de Cuentas ha dado luz verde recientemente, en una sesión celebrada el 7 de octubre, a una iniciativa solicitada por el partido Vox, que solicita un informe detallado sobre el gasto público destinado a la inmigración considerada "ilegal" y a los menores migrantes no acompañados. Este acuerdo, en el que han votado a favor tanto el PP como Vox, se produjo con 20 apoyos frente a 15 en contra, protagonizados por el PSOE y sus aliados, sin ninguna abstención registrada.

El portavoz de Vox, Juan José Aizcorbe, argumentó la necesidad de esta auditoría recordando que es momento de exigir claridad sobre el gasto relacionado con la inmigración ilegal, que se ve favorecida por políticas de regularización masiva. "No podemos seguir ignorando la realidad. Los ciudadanos merecen conocer el impacto económico que esta situación genera", enfatizó Aizcorbe, quien criticó la falta de datos sobre las cifras globales relacionadas con la inmigración.

Además, Aizcorbe sostuvo que el fenómeno de la entrada y permanencia irregular de inmigrantes causa un perjuicio tanto a los ciudadanos que cumplen con la ley como a los inmigrantes legales que buscan una estancia ordenada. En este contexto, dudó de la afirmación que sostiene que la inmigración contribuye al sostenimiento de las pensiones, tachándola de "un mensaje engañoso que evita confrontar la realidad de las estadísticas".

Por su parte, Pedro Manuel Martín, representante del PSOE, argumentó que el gobierno ya lleva a cabo un control riguroso sobre los recursos destinados a la inmigración. En su opinión, no se justifica la necesidad de un nuevo informe de fiscalización, calificando la propuesta de Vox como un intento de socavar la ayuda humanitaria ofrecida por el Estado, sugiriendo que esta práctica desvíe fondos que pertenecen a los ciudadanos españoles.

Desde el PP, María Pilar Alía manifestó apoyo a la propuesta de Vox, aunque también destacó la importancia de llevar adelante una política migratoria que sea "ordenada, legal y eficiente". Resaltó que la transparencia en el uso de los fondos públicos es fundamental y que no existe ningún motivo para el secretismo.

En contraste, el Grupo Izquierda Confederal criticó fuertemente la propuesta de Vox, considerándola un ataque racista hacia aquellos que buscan una mejor vida. Reiteraron que migrar no es un delito y enfatizaron la necesidad de tratar a los migrantes con respeto y dignidad, instando a Vox a adoptar una postura más empática hacia aquellos que aún no han infringido la ley.

A principios de septiembre, Vox había presentado dos solicitudes de auditoría que fueron debatidas en la misma comisión, donde PP y Vox gozan de una mayoría. Sin embargo, en la reciente reunión solo se aprobó la auditoría sobre el gasto relacionado con la inmigración ilegal, dejando fuera el tema de “menores extranjeros no acompañados” que también fue parte de la solicitud inicial.

El partido de Santiago Abascal ha manifestado que su objetivo es arrojar luz sobre el costo que la inmigración ilegal representa para el erario público, un costo que, según ellos, el PSOE y el PP intentan ocultar. Recientemente, Abascal recurrió a datos durante una sesión de control en el Congreso para argumentar que mantener a un inmigrante ilegal resulta más costoso que cuidar de un anciano español en una residencia.