Oriol Junqueras seguirá inabilitado hasta estudio del TS, mientras Puigdemont puede regresar sin detención.
Una propuesta de ley plantea dejar "sin efecto las órdenes de busca y captura" contra los amnistiados. La aprobación de esta ley permitiría que el ex presidente catalán Carles Puigdemont, procesado por desobediencia y malversación, pueda regresar a España sin ser detenido. Por otro lado, su ex 'número dos' Oriol Junqueras, condenado por los mismos delitos, seguirá inhabilitado hasta dos meses, el tiempo que tiene el Tribunal Supremo (TS) para estudiar su caso, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.
La proposición que se presentará en el Congreso de los Diputados establece que con esta ley "quedarán sin efecto las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión de las personas a las que resulte de aplicación esta amnistía, así como las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención", según fuentes consultadas por Europa Press.
Actualmente, Puigdemont se encuentra procesado con una orden de detención nacional en su contra y a la espera de que el instructor del 'procés', el magistrado del TS Pablo Llarena, pueda tomarle una declaración indagatoria para concluir el procedimiento penal. Por su parte, Junqueras podría comparecer voluntariamente ante Llarena o ser necesario ejecutar la orden de detención.
El texto de la proposición de ley excluye la posibilidad de que Puigdemont sea detenido con la ley vigente, aunque las fuentes jurídicas consultadas aseguran que tampoco tendría sentido dar ese paso sin la norma vigente, es decir, sin la tramitación parlamentaria de la proposición de ley.
En cualquier caso, una vez publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), Puigdemont podría regresar a España sin miedo a ser detenido. Sin embargo, la situación es distinta para Junqueras, quien ha sido juzgado y condenado por el 1-O por delitos de sedición y malversación a 13 años de cárcel e inhabilitación.
La proposición de ley establece que los jueces deberán aplicar la amnistía con carácter preferente y urgente y que las decisiones se deberán adoptar en un "plazo máximo de dos meses". Además, indica que los jueces sentenciadores serán quienes decidan si se aplica la ley de amnistía y si se mantienen las penas vigentes para los condenados por el 'procés'. También especifica que la amnistía no dará derecho a indemnización ni a la restitución de multas.
Además, la proposición de ley explica que la concesión de un indulto anterior a la entrada en vigor de esta ley no impedirá la revisión de sentencias firmes. Sin embargo, las resoluciones judiciales firmes que hayan apreciado la extinción de la responsabilidad criminal debido a la prescripción del delito no serán revisadas.
Aunque los jueces y tribunales podrían emprender acciones para frenar la amnistía, la proposición de ley afirma que serán ellos quienes decidan la aplicación caso a caso en un plazo máximo de dos meses, y señala que los recursos presentados no tendrán efectos suspensivos.